Desde los años ochenta, España prohíbe entrar en edificios públicos con el rostro tapado, ya sea por un casco de moto, un pasamontañas o cualquier otra prenda o mecanismo. Es una medida adoptada en el marco de la lucha contra el terrorismo etarra para poder identificar a toda persona presente en los edificios de las administraciones del estado y de las dependencias de derecho público. No tiene, pues, sentido que el Senado español, a propuesta del Partido Popular, Unión por el Pueblo Navarro –sucursal a control remoto del PP en dicha comunidad- y Convergencia y Unión, inste al gobierno a prohibir llevar el burka o el nikab en dichos centros públicos, pues ya está vedado hacerlo.

En Francia y Bélgica esta misma prohibición se debate a raíz de un cuestionamiento de sus respectivas identidades nacionales debido a la llegada masiva de inmigrantes musulmanes a estos países en las últimas 4 décadas. Se trata de un debate nacional que las autoridades desean encauzar de manera civilizada y racional. En cambio, en España, país que cuestiona su identidad nacional desde que se fundó hace 500 años, este debate sobre el nurka y el nikab ha nacido de manera artificial hace unos meses a la vista de las próximas elecciones regionales de Cataluña.

Si los principales partidos catalanes, como PSOE, PP y CiU son ahora los responsables de esta escalada, ha sido para despojar de protagonismo a los micro-partidos de extrema derecha que lanzaron la iniciativa para adquirir notoriedad política aprovechándose de que en España hay un 20% de desempleo y en Cataluña un 17% de inmigrantes, de los cuales un tercio es de origen musulmán. Una realidad migratoria nada homogénea en el resto del país en donde la población inmigrante representa el 8% y apenas un 1% es de origen musulmán.

Al Gobierno español, este debate le ha cogido a contrapié, pues a pesar de que varios alcaldes socialistas catalanes han aprobado la prohibición del burka, Zapatero y su ministra de Igualdad Bibiana Aído, nada entusiastas con que las mujeres se tapen el rostro, temen que una prohibición formal radicalice posiciones y encone posturas. La tradición musulmana española, no sólo la del Medievo, sino también la contemporánea representada por la Junta Islámica de Mansur Escudero, es malekita, una corriente relativamente poco conservadora del islam, muy distinta de la salafista o wahabista marcadamente machistas y dogmáticas. Por ello, la mayoría de los musulmanes preguntados por la calle se manifiestan incluso favorables a la prohibición del burka, una prenda que consideran opresiva e indigna.

El temor de la política local, en cuyas elecciones sí pueden participar los inmigrantes en determinados casos, quizá responda al temor de los partidos tradicionales españoles de ver escaparse los votos de la inmigración hacia opciones políticas islamistas que pudieran desequilibrar el mapa de la gobernabilidad tras las elecciones municipales de primavera de 2011.