
Sarkozy y su ministro del Interior, Eric Besson, pensaban que llevar las cámaras de televisión a verificar cómo la policía efectuaba redadas en poblados chabolistas del entorno parisino iba a resultar sólo una partida en clave nacional para recuperar el guiño de la derecha más alérgica a lo extranjero en general.
Sin embargo, el episodio se ha convertido en cuestión transnacional porque las instituciones europeas se han sentido atacadas. Y con razón: por un lado, la libertad de movimientos es uno de los valores fundamentales de la construcción europea sin el cual no tendría sentido; por otro, la etnia gitana, por su carácter nómada y el reparto de sus 12 millones de seres por toda Europa constituye lo más parecido a la primera nación puramente europea. A esto hay que añadir que desde la entrada en vifor del Tratado de Lisboa en 2010, el Europarlamento ha triplicado sus competencias y su relevancia política y está dispuesto a dar la batalla para que se reconozca su centralidad política continental y su legitimidad democrática.

En clave de paradoja, varios medios franceses recuerdan que Suecia ha deportado en lo que va de año a 50 gitanos que ejercían la mendicidad en las calles del país escandinavo, que Alemania ha devuelto a Kosovo a más de 10.000 gitanos kosovares desde la independencia en 2008 de este pequeño país balcánico, que la ciudad portuguesa de Beja ha levantado un muro de hormigón para separar los poblados de infraviviendas en donde habitan sus comunidades gitanas, y por último que el gobierno italiano de Berlusconi, en 2008 también efectuó deportaciones masivas de gitanos a Rumanía, esta vez sí, con la reprobación del propio Nicolas Sarkozy.
A la pregunta de por qué el Europarlamento reacciona con tanta agresividad hacia el gobierno de Francia hay quienes sostienen que se trata de una maniobra hipócrita para esconder la ineficacia de la UE en que los gitanos se integren en sus países de origen. No obstante, la reacción del Europarlamento no es sino la respuesta enérgica y mediatizada a la campaña mediatizada de las redadas contra los gitanos en Francia. Sarkozy y su gobierno son víctimas de su propia manera de hacer política: exagerada y no carente de populismo.
Mientras el Parlamento europeo vota una resolución de carácter puramente político, la Comisión europea, en palabras de Viviane Reding, estudiará las posibilidades de sanciones a Francia por infringir normas jurídicas. Ambas instituciones se reparten los roles y cumplen con su obligación de velar contra la estigmatización de comunidades étnicas y por el respeto de la Carta europea de Derechos Fundamentales.
Ahora bien, estas instituciones también aprovechan para sacar pecho social y mandar una señal empática al electorado europeo más humanista y más desagregado del proyecto de construcción europea en los últimos años por considerarlo exclusivamente económico. Y es que en su larga travesía por asentar su legitimidad política, la Unión Europea sabe que no sólo debe velar por el respeto del derecho y las libertades comunitarias, sino además implicar de nuevo en su día a día a los sectores de la izquierda y el centro que más desconfían de una Europa deshumanizada.
Fernando Navarro Sordo
Europa451
Fotos: Downing Street; _missAgentCooper/Flickr; LE_M@SC/Flickr











