A últimas horas de la noche de ayer, con tal de salir ante los medios con alguna noticia definida, el Presidente de la UE, Herman van Rompuy, anunció que los jefes de Estado y Gobierno le habían encargado una importante misión junto con la Comisión europea. Se trata de explorar las vías jurídicas posibles para una modificación del Tratado de Lisboa que permita integrar sin obstáculos un novedoso mecanismo permanente de disciplina presupuestaria. Es decir, un sistema de gobernanza económica de la UE que supervise y eventualmente sancione a los países de la zona euro que pongan en peligro la estabilidad del Euro. “Este mecanismo anti crisis sólo se activará cuando toda la zona Euro se encuentre en una situación de peligro”, justificaba ayer la canciller alemana Angela Merkel, deseosa de extender las sanciones incluso al ámbito político, al proponer que se pueda suspender el derecho de voto de un país en el consejo europeo.

La realidad es que todos los países están más o menos de acuerdo con las propuestas de la Comisión europea y de la Task Force liderada por van Rompuy para poner en pie esta Gobernanza económica. ¿En qué consistiría a grandes rasgos?

• Cuentas públicas basadas en el concepto de Prudencia Fiscal: hay que buscar y garantizar el equilibrio de las cuentas no sólo en el corto plazo sino en el medio plazo.
• El país que supere el nivel del 60% de la deuda pública deberá presentar al menos durante tres años consecutivos unos presupuestos que permitan reducir cada año en un 5% el nivel de deuda.
• La Comisión podrá imponer sanciones económicas a los Estados de la zona euro que no hagan bien los deberes. Estas sanciones son automáticas a menos que el Consejo europeo las paralice por mayoría cualificada de votos.
• Más transparencia de los Estados de cara a la Comisión europea para comprender qué elementos entran en cada país a formar parte del presupuesto anual.
• Los Estados de la Eurozona deberán asumir políticas auto-correctivas en el caso de graves desequilibrios macroeconómicos.
• De manera automática, los Estados que incumplan las recomendaciones correctivas del Consejo y la Comisión deberán pagar una multa anual equivalente al 0,1% del PIB, a menos que el Consejo anule la multa por mayoría cualificada.

La cuestión que más asusta a los gobernantes europeos es si estas innovaciones legislativas requieren de una reforma sustancial del Tratado o sólo de una reforma simplificada. En este último caso, según el artículo 48 de la sección 6ª del Tratado de Lisboa, si la reforma no implica nuevas competencias para la UE, basta con que se adopte por unanimidad en el Consejo europeo y que cada país la ratifique según proceda: a veces pasando por el tribunal constitucional (Alemania o Polonia), y otras por un referéndum (Irlanda). En este caso, la reforma se tramitaría con rapidez y sigilo, sin estruendos ni boatos que tanta suspicacia levantan entre los ciudadanos europeos.

El temor mayor de los Estados es descubrir que esta reforma implica nuevas competencias para la UE, en cuyo caso habría que pasar por el procedimiento ordinario: una convención europea, decenas de cumbres preparatorias, una visibilidad pública inevitable y la ocasión para los euroescépticos de sacara tajada electoral y paralizar la reforma. Además, el procedimiento ordinario exige que el Europarlamento apruebe la reforma por mayoría absoluta, y su enfrentamiento a las posturas de los Jefes de Gobierno empieza a ser tradicional.

Lo que todo el mundo parece haber olvidado es que cuando en 2004 Alemania y Francia se saltaron los límites de deuda incumpliendo el Pacto de Estabilidad la UE no les impuso sanciones tal y como ya preveía la legislación comunitaria. ¿Alguien piensa que las sanciones en el futuro también se aplicarán a los grandes países y no sólo a Portugal y otros pequeños sin poder de bloqueo?

Fernando Navarro Sordo
Foto: Consejo europeo