INFORMACIÓN I El 1 de octubre empezaron a enviarse en Francia los primeros correos electrónicos de advertencia contra la transgresión de la Hadopi, la ley francesa que favorece la difusión y la protección del copyright en Internet. Los transgresores –culpables de descargas ilegales– pagarán con la prohibición de acceder a Internet. Sin embargo, uno de los grandes proveedores de Francia, la empresa Free, se niega a enviar esos correos de advertencia a sus abonados.
Elaborada en mayo de 2009 por el gobierno francés, Hadopi ha bautizado con su propio nombre a la autoridad encargada de proteger el copyright y del control de acceso a Internet por parte de los infractores de la ley mencionada. La ley ha estado en el candelero durante dos años, y sus promotores acusados de liberticidas: al tercer correo de advertencia (uno por e-mail y dos por carta recomendada) al internauta infractor "se le bloqueará el acceso a la Web”.
La oposición de un proveedor de Internet
El lunes 4 de octubre, la autoridad ha confirmado el envío del primer correo electrónico de advertencia. Según la web francesa PcImpact, los primeros suministradores de acceso a Internet que han enviado semejante correo electrónico son Numericable y Bouygues Telecom. El martes 5, se estrenaron SFR y Orange. Free, otro de los grandes operadores telefónicos de Francia, ha hecho saber a través de un comunicado que no enviará ningún mail. Según Rue89, hay un motivo moral de por medio, mezclado con intereses económicos. Free sostiene haber enviado a la autoridad Hadopi y al ministerio de Cultura una carta solicitando la firma de un convenio entre los operadores y Hadopi para respetar los datos personales de los usuarios. En efecto, el artículo 8 del decreto de 2010 relativo al tratamiento automatizado de datos prevé la firma de dicho convenio para garantizar “la seguridad de los datos recabados”. Hasta hoy no ha habido convenio, y Free aprovecha para contemporizar.
En lo que concierne al dinero, el decreto de aplicación de Hadopi, aprobado en julio de 2010, impone a los operadores la obligación de comunicar las direcciones IP de los “piratas” en un plazo de ocho días desde que Hadopi descubre la acción del infractor. Esta tarea, según los operadores, es pesada y onerosa. Por este motivo, los suministradores de acceso a Internet han solicitado, aún sin éxito, una contribución pública para sostener estos gastos. Por otro lado, si los datos son remitidos a Hadopi con retraso el operador se arriesga a una multa de 1.500 euros. Visto que el decreto no precisa cómo deben hacerse llegar estos datos, Free aprovecha también esta fisura para hacer obstruccionismo: los datos los envía escritos en una carta de papel. “Aunque los demás hayan decidido colaborar, nosotros queremos respetar la ley”, declaraba el lunes 11 Xavier Niel, fundador de Free. La respuesta de Hadopi no se ha hecho esperar: a ojos de la Autoridad, Free no respeta la ley sobre la base de la convención adoptada –pero no firmada, aseguran desde Free– el verano pasado. Hadopi acusa a Free de “secuestrar a sus abonados” porque al no enviar la advertencia por e-mail no informa a la persona el haber sido señalada como infractora.
La oposición de un proveedor de Internet
El lunes 4 de octubre, la autoridad ha confirmado el envío del primer correo electrónico de advertencia. Según la web francesa PcImpact, los primeros suministradores de acceso a Internet que han enviado semejante correo electrónico son Numericable y Bouygues Telecom. El martes 5, se estrenaron SFR y Orange. Free, otro de los grandes operadores telefónicos de Francia, ha hecho saber a través de un comunicado que no enviará ningún mail. Según Rue89, hay un motivo moral de por medio, mezclado con intereses económicos. Free sostiene haber enviado a la autoridad Hadopi y al ministerio de Cultura una carta solicitando la firma de un convenio entre los operadores y Hadopi para respetar los datos personales de los usuarios. En efecto, el artículo 8 del decreto de 2010 relativo al tratamiento automatizado de datos prevé la firma de dicho convenio para garantizar “la seguridad de los datos recabados”. Hasta hoy no ha habido convenio, y Free aprovecha para contemporizar.
En lo que concierne al dinero, el decreto de aplicación de Hadopi, aprobado en julio de 2010, impone a los operadores la obligación de comunicar las direcciones IP de los “piratas” en un plazo de ocho días desde que Hadopi descubre la acción del infractor. Esta tarea, según los operadores, es pesada y onerosa. Por este motivo, los suministradores de acceso a Internet han solicitado, aún sin éxito, una contribución pública para sostener estos gastos. Por otro lado, si los datos son remitidos a Hadopi con retraso el operador se arriesga a una multa de 1.500 euros. Visto que el decreto no precisa cómo deben hacerse llegar estos datos, Free aprovecha también esta fisura para hacer obstruccionismo: los datos los envía escritos en una carta de papel. “Aunque los demás hayan decidido colaborar, nosotros queremos respetar la ley”, declaraba el lunes 11 Xavier Niel, fundador de Free. La respuesta de Hadopi no se ha hecho esperar: a ojos de la Autoridad, Free no respeta la ley sobre la base de la convención adoptada –pero no firmada, aseguran desde Free– el verano pasado. Hadopi acusa a Free de “secuestrar a sus abonados” porque al no enviar la advertencia por e-mail no informa a la persona el haber sido señalada como infractora.
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Antes de fin de año, Hadopi organizará cinco “talleres de investigación liderados por expertos”. El objetivo de la Autoridad no es sólo controlar, sino proponer soluciones alternativas. Estos talleres producirán cinco análisis sobre cinco temas: Red Virtual y Tecnología, Economía digital de la creación, Usuarios en línea, Propiedad intelectual e Internet y Sociedad. El presupuesto de estos laboratorios asciende al millón de euros. Estos trabajos permitirán a Hadopi crearse una normativa ad hoc, que se adapte a la realidad y se anticipe a los nuevos tiempos. En palabras de Jérémie Zimmermann, portavoz de la asociación La Quadrature du Net, estos laboratorios son “una coartada para dar a la Autoridad la apariencia de una utilidad que no posee. En realidad, Hadopi decide la composición de los equipos de trabajo, y es presumible que el resultado se adapte a las demandas de la industria de la creación”.
Francesca Barca
Europa451
Foto: Louisvolant / Flickr
Francesca Barca
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Foto: Louisvolant / Flickr
