PANORAMA I El gobierno socialista español y la oposición del PP y CiU han pactado la versión final de la llamada Ley Sinde sobre descargas en Internet y defensa de la propiedad intelectual. El resultado final no ha dejado contentos ni a autores ni a internautas. La comparamos con las leyes homólogas existentes en otros países de Europa.
Tras conocerse el 24 de enero el pacto al que han llegado PSOE, PP y CiU sobre la Ley anti-descargas (o Ley Sinde), el director de la Academia Española de Cine, Alex de la Iglesia, ha anunciado su “dimisión a partir del 14 de febrero”. Siendo una de las figuras que más ha promovido el entendimiento entre autores e internautas, su gesto es significativo del descontento producido por esta reforma en ciernes.
¿En qué consiste esta normativa? Fundamentalmente en cuatro pilares.
¿Qué sucede en otros países?
Francia: Ley Hadopi. Al otro lado de los Pirineos, acaba de entrar en vigor una normativa parecida a la que desea introducir el gobierno español. La reforma ha creado una nueva Autoridad de protección de la propiedad intelectual (Hadopi), pública e independiente, y encargada de velar contra las infracciones, así como de elaborar estudios sobre la materia.
Hadopi es la intermediaria entre las compañías servidoras de Internet y sus abonados infractores. Tiene derecho a solicitar de las primeras la dirección IP y la identidad de su abonado infractor, para luego enviar a éste último un correo electrónico de advertencia. Es lo que viene a llamarse un sistema de “respuesta gradual”. Si en los seis meses sucesivos no vuelve a incurrir en esta práctica su dossier se cancela de manera automática. Si tras este correo el abonado no cesa en su actividad infractora, recibirá un segundo aviso, esta vez por correo certificado. Si aún así, persiste en la infracción, recibirá una segunda carta certificada anunciándole sobre las posibles acciones judiciales que la autoridad puede abrir contra usted. Si, por último, se llega hasta el juez, usted se arriesga a una multa de 1.500 euros y un bloqueo del acceso a Internet de entre tres meses y un año. El 75% de los franceses aseguran seguir descargando contenidos ilegales igual que antes. Las ventas de música y vídeo en 2010 han des
cendido en Francia por octavo año consecutivo en 2010.
Reino Unido: Digital Economy Act. Según un estudio encargado por BPI (British Phonographic Industry), el 29% de las 5.000 personas interrogadas –lo que vienen a ser 7,7 millones de internautas a escala nacional- aseguran usar medios ilegales para procurarse música en Internet. Sólo el 12% teme las medidas de sanción previstas por la Ley de Economía Digital (Digital Economy Act), adoptada en la primavera de 2010.
Para defender la propiedad intelectual, esta ley encarga a la comisión Ofcom –el regulador de las telecomunicaciones del Reino Unido- la elaboración de un "código de buenas prácticas " destinado a las compañías servidoras de conexión a Internet. El sistema de vigilancia es muy parecido al francés, con una presión aumentada de forma gradual -identificación de las direcciones IP, avisos electrónicos y postales y limitación o corte del acceso a Internet para el abonado infractor-, para lograr el bloqueo de los contenidos ilícitos.
Irlanda y Alemania. En estos países no se ha puesto en marcha ningún sistema especial y se confía en la respuesta penal al asunto. No obstante, en Irlanda, el principal operador de Internet y la industria musical han firmado un acuerdo en enero de 2009 que permite a los autores que consideren lesionados sus derechos recuperar las direcciones IP de los internautas que los infringen. De este modo se facilita su acción ante la justicia ordinaria.
Entretanto, Alemania ha prohibido las redes wi-fi abiertas. Desde 2008, todo usuario de red internet sin cable tiene la obligación de codificar su acceso mediante una contraseña “lo suficientemente larga y compleja” para no poder ser pirateado, según ha estipulado la Corte Federal alemana.
Fernando Navarro Sordo
Foto: fdodelvalle/flickr
¿En qué consiste esta normativa? Fundamentalmente en cuatro pilares.
- Para cerrar páginas webs o retirar contenidos en línea que no respeten los derechos de autor, será necesario pasar por una decisión judicial.
- Bastará con que la Comisión de protección de la propiedad intelectual identifique un daño potencial a dicha propiedad para que se ponga en marcha el procedimiento contra el supuesto infractor.
- Las compañías de servidores que alojen dichas webs o contenidos ilícitos deberán responder en 48 horas a la petición de un juez o de la Comisión de Protección Intelectual sobre la identidad del dueño de la web que infringe la ley de propiedad intelectual, o de eliminación de los datos en cuestión.
- Un compromiso de retirada en tres meses del canon digital que se cobra a los fabricantes de soportes para la reproducción de obras sonoras, gráficas y videográficas en compensación como derechos de autor.
¿Qué sucede en otros países?
Francia: Ley Hadopi. Al otro lado de los Pirineos, acaba de entrar en vigor una normativa parecida a la que desea introducir el gobierno español. La reforma ha creado una nueva Autoridad de protección de la propiedad intelectual (Hadopi), pública e independiente, y encargada de velar contra las infracciones, así como de elaborar estudios sobre la materia.
Hadopi es la intermediaria entre las compañías servidoras de Internet y sus abonados infractores. Tiene derecho a solicitar de las primeras la dirección IP y la identidad de su abonado infractor, para luego enviar a éste último un correo electrónico de advertencia. Es lo que viene a llamarse un sistema de “respuesta gradual”. Si en los seis meses sucesivos no vuelve a incurrir en esta práctica su dossier se cancela de manera automática. Si tras este correo el abonado no cesa en su actividad infractora, recibirá un segundo aviso, esta vez por correo certificado. Si aún así, persiste en la infracción, recibirá una segunda carta certificada anunciándole sobre las posibles acciones judiciales que la autoridad puede abrir contra usted. Si, por último, se llega hasta el juez, usted se arriesga a una multa de 1.500 euros y un bloqueo del acceso a Internet de entre tres meses y un año. El 75% de los franceses aseguran seguir descargando contenidos ilegales igual que antes. Las ventas de música y vídeo en 2010 han des
cendido en Francia por octavo año consecutivo en 2010.
Reino Unido: Digital Economy Act. Según un estudio encargado por BPI (British Phonographic Industry), el 29% de las 5.000 personas interrogadas –lo que vienen a ser 7,7 millones de internautas a escala nacional- aseguran usar medios ilegales para procurarse música en Internet. Sólo el 12% teme las medidas de sanción previstas por la Ley de Economía Digital (Digital Economy Act), adoptada en la primavera de 2010.
Para defender la propiedad intelectual, esta ley encarga a la comisión Ofcom –el regulador de las telecomunicaciones del Reino Unido- la elaboración de un "código de buenas prácticas " destinado a las compañías servidoras de conexión a Internet. El sistema de vigilancia es muy parecido al francés, con una presión aumentada de forma gradual -identificación de las direcciones IP, avisos electrónicos y postales y limitación o corte del acceso a Internet para el abonado infractor-, para lograr el bloqueo de los contenidos ilícitos.
Irlanda y Alemania. En estos países no se ha puesto en marcha ningún sistema especial y se confía en la respuesta penal al asunto. No obstante, en Irlanda, el principal operador de Internet y la industria musical han firmado un acuerdo en enero de 2009 que permite a los autores que consideren lesionados sus derechos recuperar las direcciones IP de los internautas que los infringen. De este modo se facilita su acción ante la justicia ordinaria.
Entretanto, Alemania ha prohibido las redes wi-fi abiertas. Desde 2008, todo usuario de red internet sin cable tiene la obligación de codificar su acceso mediante una contraseña “lo suficientemente larga y compleja” para no poder ser pirateado, según ha estipulado la Corte Federal alemana.
Fernando Navarro Sordo
Foto: fdodelvalle/flickr
