El que la hace, la paga. Tal parece ser la idea que subyace en el repentino enamoramiento de la Comisión Europea y la mayor parte de los Estados miembro de la Unión por la tantas veces denostada Tasa sobre transacciones financieras, o “Tasa Tobin”. En la próxima cumbre del G20, que se celebrará en Cannes el 3 y el 4 de noviembre, la UE presentará en sociedad global su propuesta de impuesto europeo sobre transacciones financieras y abogará por extender el modelo a todos los países ricos del planeta.

“Una justa contribución del sector financiero en un momento de saneamiento presupuestario en los Estados miembros” es el argumento principal de la Comisión Europea, que desea que el intercambio de acciones y bonos se grave con un tipo del 0,1% y los contratos de derivados con un tipo del 0,01%. Así se podrán recaudar 57.000 de millones de euros al año. La Comisión Europea ha propuesto que el impuesto entre en vigor el 1 de enero de 2014.

Como premio, la norma lograría consolidar el mercado único de la UE. Y es que En la actualidad, diez Estados miembro (Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, el Reino Unido y Rumania) ya aplican alguna forma de impuesto sobre las transacciones financieras. Los ingresos del impuesto se repartirán entre la UE y los Estados miembro. Parte del impuesto funcionará como un recurso propio de la UE que reducirá parcialmente las contribuciones nacionales, lo que representa una primicia histórica en la UE.

Toca pagar, pero sin arruinarse
El sector financiero ha recibido fondos considerables de los Gobiernos. Los Estados miembro de la UE han destinado 4,6 billones de euros al rescate del sector financiero durante la crisis. Además, este sector se ha beneficiado de bajos impuestos durante los últimos años al gozar de una de una ventaja fiscal de aproximadamente 18.000 millones de euros al año debido a la exención del IVA sobre los servicios financieros.

A resultas de la crisis, la deuda pública de cada uno de los 27 Estados miembro de la UE pasó de una cifra inferior al 60% del PIB en 2007 al 80%, que se mantendrá durante los próximos años. Ahora, el impuesto sobre las transacciones financieras gravaría, si se adopta, el 85% de las transacciones financieras efectuadas entre entidades financieras.

Ahora bien, no se gravará ni a los ciudadanos ni a las empresas. Las hipotecas, los préstamos bancarios, los contratos de seguros y otras actividades financieras normales efectuadas por personas físicas o pequeñas empresas tampoco entran en el ámbito de aplicación de la propuesta. Tras una encuesta de opinión, el Eurobarómetro ha señalado que el 65% de los ciudadanos de la UE aprueban este tipo de tasa.

Un impuesto fácil de cobrar
Las transacciones son por lo general electrónicas, en cuyo caso el impuesto se pagaría el mismo día en que se devengara. Si la transacción no se trata de forma electrónica, el impuesto sobre la transacción financiera se devengaría en el plazo de tres días laborables, a fin de permitir el tratamiento manual de la transacción.

A la conquista de la autonomía

En su propuesta de nuevo marco financiero (2014-2020), la Comisión Europea propone introducir dos nuevos recursos propios: un impuesto sobre las transacciones financieras y un IVA modernizado.

El Ejecutivo europeo considera más equitativo este eventual nuevo sistema de recursos propios gestionado por la institución comunitaria, “ya que se crearía un vínculo más transparente entre los objetivos políticos de la UE y la financiación de esta”. El impuesto sobre las transacciones financieras “podría rebajar considerablemente las contribuciones de los Estados miembros y, de esta manera, contribuir a los esfuerzos de saneamiento presupuestario de estos”.

La Comisión Europea quiere que para 2020 los nuevos recursos propios asciendan a casi la mitad de los ingresos presupuestarios de la UE, mientras que la cuota de las contribuciones basadas en la Renta Nacional Bruta de los Estados miembro se reduciría hasta alrededor de un tercio. Las negociaciones prometen ser tensas y largas, debido a una gran división de opiniones entre los Estados: Reino Unido, Francia y Alemania no están de acuerdo con la idea.

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Fotos: Frado76/Flickr; Fotero/Flickr; Parlamento Europeo/Flickr