INFORMACIÓN I Aunque Holanda y España sean los dos países que encabezan la clasificación del número de subvenciones solicitadas al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, están lejos de ser los que más dinero repartan entre sus trabajadores en paro gracias a este nuevo mecanismo comunitario.

El Europarlamento ha aprobado esta semana tres subvenciones con cargo al fondo europeo para la globalización. Las regiones agraciadas han sido Waterford, Castilla la mancha y Comunidad Valenciana. Desde que se creó este mecanismo en 2007, ha habido 64 peticiones de subvención, de las que Holanda y España acaparan 10 cada uno. Sin embargo, en términos económicos, son Francia e Irlanda las que se llevan más dinero: 97,1 y 65,8 millones de euros respectivamente, frente a los 33,4 de España o los 15,4 de los países Bajos. Sobre todo si tenemos en cuenta que el montante para los franceses se empleará en la reinserción de 4.148 trabajadores, mientras que el dinero solicitado por España revertirá en 9.167 personas. Aunque el país que mejor sale parado en términos relativos es la rica Austria, con 17,4 millones de euros revertidos en 1.273 trabajadores.

En el marco del FEAG, cada año la UE reserva 500 millones de euros para fomentar la reinserción y el reciclaje de los profesionales para los que existe un vínculo claro entre su despido y la globalización. No obstante, a pesar de la crisis y de ser la UE uno de los mercados más abiertos del planeta, sus Estados no hacen uso del total de este montante. En sus casi cuatro años de vida, sólo se han sido puestos en juego 365 millones de euros de los 2.000 potenciales.

Este fondo no financia las medidas pasivas de Seguridad Social, sino más bien la asistencia en la búsqueda de empleo, el reciclaje profesional a medida, la promoción del espíritu empresarial, la asistencia al establecimiento por cuenta propia y algunos complementos de renta. Todo ello en los sectores menos competitivos y más implicados en la globalización.

Hasta ahora, los sectores que más ayudas han solicitado del FEAG son el textil, el del motor, el de la construcción y el de la prensa e imprenta. En España, las regiones que más uso desean hacer de este instrumento de adaptación son Cataluña y la Comunidad Valenciana, por concentrar industria textil, de la automoción y de la construcción.

Fernando Navarro Sordo
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Foto: anroir/Flickr

INFORMACIÓN I El Reino Unido acaba de alcanzar 1 giga-vatio de potencia eólica instalada en el mar con sus 11 plantas eólicas marinas y sus 336 molinos off-shore. España, primera en lanzarse en esta aventura, se ha quedado muy atrás por culpa de la burocracia y la falta de consenso político y social.

Como si de una partida de ajedrez se tratara, el Reino Unido avanza sin descanso sus peones en el Mar del Norte. “Hemos tardado sólo diez años en liderar un nuevo sector mundial, lo que redundará en un valor a largo plazo para nuestro país”, declara Maria McCaffery, directora ejecutiva del consorcio británico RenewableUK. Sólo en el primer trimestre de 2010, el sector privado ha invertido 600 millones de Euros en el negocio eólico.

Frente a esta realidad, países que habían comenzado antes a apostar por esta modalidad de energías renovables en el mar, como España o Portugal, se han quedado atrás. La culpa la tienen los plazos burocráticos. Mientras la media en la Unión Europea para obtener un permiso de construcción de un molino de viento en el mar es de 42 meses, en España es de 57, y en Portugal de 58. ¿Cabría pensar que en estos países cada permiso depende de una multiplicidad interminable de funcionarios? En absoluto. España es uno de los países e donde hay que pasar por menos intermediarios: los permisos dependen de 9 instancias o funcionarios, mientras que en países como Grecia hay que pasar por 41 personas, según un reciente informe de la Asociación Europea de Energía Eólica (AEEE).

A la conquista de los objetivos climáticos

Las cifras británicas se acoplan en paralelo a un descenso del 8,9% de sus emisiones de CO2 en 2009, según el departamento de cambio climático del Reino Unido, esto es en un año más que durante los diez anteriores de gobierno laborista. Su ministro de Energías y Cambio Climático, Joan Ruddock, afirma estar convencido de que su país alcanzará los objetivos impuestos por el Acuerdo de Kioto para 2012: una reducción del 12,5% de sus emisiones de CO2 con respecto a sus niveles de emisión de 1990.

La crisis económica está jugando a favor de esta tendencia en todos los países de la UE, que han visto reducidas sus actividades industriales de manera notable. Ahora bien, un informe presentado en la Eurocámara la semana pasada por el loby defensor de las energías renovables EREC, asegura que es posible que en 2050 el 100% de la energía primaria producida en Europa provenga de fuentes renovables. Para los investigadores de EREC, en 2020 la demanda final de energías renovables alcanzará el 10%, pasando a 18% en 2030 y al 41% en 2050, más que nada gracias al desarrollo de la energía eólica y la fotovoltaica. Esta previsión implicaría un ahorro económico de cerca de cinco billones de Euros a partir de 2050, empleando sólo en la UE a cuatro millones y medio de personas a partir de 2030.

Fernando Navarro Sordo
Europa451
Foto de Rory Keegan / FLickr

INFORMACIÓN I En 2009, la oficina europea de alerta rápida (RAPEX, en sus siglas inglesas), consignó un 7% más de notificaciones urgentes sobre productos peligrosos que en 2008. El 60% de las amenazas graves a los consumidores, el medio ambiente o la seguridad pública se refería a productos chinos, mientras que otro 20% se asignaba a productos europeos.

Desde la creación de RAPEX en 2004, el número de notificaciones se ha cuadruplicado. Los juguetes representan un 28% de las notificaciones, según el informe europeo sobre el sistema de alerta rápida.

Los juguetes más peligrosos, sobre todo para los niños de corta edad, son aquéllos que contienen piezas desmontables de pequeño tamaño o metales pesados tóxicos.

En 2009, las autoridades de supervisión del mercado de 13 países europeos comprobaron si 14.000 juguetes cumplían las normas europeas sobre piezas pequeñas y metales pesados. En caso de sospecharse un riesgo, el producto se enviaba a laboratorio para un examen más detenido.

De los 576 juguetes inspeccionados, 200 (35%) resultaron ser peligrosos. Los datos fueron algo mejores en el caso de los metales pesados: sólo 17 de una muestra de 227 productos dieron positivo (7,5%).

30 países - los 27 de la UE además de Islandia, Liechtenstein y Noruega - utilizan el sistema RAPEX para alertarse mutuamente sobre productos inseguros. El mecanismo se aplica a todo tipo de artículos con excepción de los farmacéuticos, los alimentos y los dispositivos médicos.

Europa451
Foto: Martius/Flickr

INFORMACIÓN I Los eurodiputados Sarah LUDFORD (liberal), Ana GOMES (socialista), Raul ROMEVA (Verdes) y Willy MEYER (izquierda unitaria europea) se han sumado a Amnistía Internacional parra exhortar a los gobiernos europeos a que adopten medidas tras el reciente descubrimiento del papel que algunos Estados miembro de la UE han tenido en la puesta en marcha de prisiones secretas itinerantes de la CIA norteamericana.

Tras los informes del Parlamento europeo (2007 y 2009) sobre los vuelos y las prisiones secretas de la CIA en suelo comunitario, nuevos datos confirman la colaboración activa y pasiva de Estados miembro de la UE en estas prácticas ilegales.

El reciente informe de la ONU emitido en febrero de 2010 sobre estas detenciones secretas ha identificado a estos países de la UE como cómplices. Se trata de Alemania, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía y Reino Unido. Hasta ahora, los gobiernos no han cooperado lo suficiente para identificar a los responsables de estas violaciones graves de los Derechos Humanos cometidas en el marco de la lucha contra el terrorismo liderada por los Estados nidos de América.

Estas violaciones comprendían actos de torturas y existencia de centros secretos de detención en su suelo.

Fernando Navarro Sordo
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Imagen: swamibu / Flickr

INFORMACIÓN I Casi todo el mundo lo ha olvidado, pero en 2003 Holanda apoyó la invasión de Irak por los norteamericanos y sus aliados. El 12 de enero el comité holandés que investiga este apoyo publica sus resultados tras el descubrimiento de que en Irak no había armas de destrucción masiva.

El actual Primer Ministro de los Países Bajos, el democristiano Jan Peter Balkenende, fue quien dio el apoyo de su país a la invasión y la posterior guerra en Irak. Más tarde, cuando surgieron las sospechas de que no sólo no había armas de destrucción masiva en Irak –motivo por el cual se dio apoyo a esta guerra- e incluso denuncias de tortura a detenidos por parte de los agentes de los Servicios de Inteligencia Militar del ejército neerlandés destacados en Irak, fue el propio Balkenende quien encomendó a una comisión independiente de investigación indagar sobre estas acusaciones. Un primer informe determinó que no había habido torturas, pero para su elaboración nunca se interrogó a los detenidos y presuntas víctimas. El 12 de enero se presenta un informe más completo y creíble que marcará el último episodio de un culebrón que ocupa a la opinión pública holandesa desde hace 6 años. Balkenende fue en el mes de noviembre uno de los más serios candidatos a ocupar el puesto de Presidente de la UE, en lugar del actual, van Rompuy.

Fernando Navarro Sordo
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Aquel 7 de noviembre de 1987, la cúpula militar tunecina decidió amalgamar la mística esotérica del número siete con la política. Liderada por el primer ministro Zine el Abidine Ben Ali, derrocó al padre de la patria y jefe del Estado durante treinta años, Habib Bourguiba. “Empezaba a chochear”, anunciaron a la población para justificar el golpe de Estado. Ni la élite política, ni las bases del partido gubernamental RCD, ni la oposición se levantaron contra este atropello antidemocrático. El país llevaba 3 años sumido en los disturbios provocados por una política económica errática y el clientelismo del sistema.

Desde entonces, el número siete, San Siete, se ha convertido en el patrón del proyecto del clan Ben Ali, quien al cabo de este nuevo mandato habrá gobernado durante 27 años. A la fiesta nacional del 7 de noviembre, se unen la compañía aérea Sevenair, el principal canal de televisión Tunisie7, el estadio olímpico 7 de noviembre, los sellos de correos con el 7 estilizado, el aeropuerto internacional de Tabarka 7 de noviembre, y una larga lista de declinaciones obsesivas. Como para no pensar que el régimen de Ben Alí también chochea y requiere de otra operación médica, esta vez más democrática.  

El único partido de oposición al que se ha permitido concurrir a las elecciones, el de los ex comunistas moderados Ettajdid, ha obtenido el 1,57% de los votos. Esto en una campaña en la que su líder sólo ha gozado del 0,20% del tiempo empleado por los medios de comunicación legales en informar sobre las elecciones, frente al 92% de tiempo monopolizado por Ben Ali, según la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas liderada por Sana Ben Achoun.

Fernando Navarro Sordo
Europa451

Willy Meyer, eurodiputado de la Izquierda Unitaria Europea, exige mantener la suspensión de toda cooperación con el gobierno golpista en Honduras.

“El PPE está esperando a que sucedan las elecciones en Honduras para legitimar al ganador y el régimen instaurado”, lamentaba Willy Meyer ante los periodistas en Bruselas, acompañado de un representante  de la asamblea de apoyo al presidente hondureño depuesto, Manuel Zelaya.

Desde la Izquierda Unitaria se critica que el conservador José Salafranca, presidente de la asamblea parlamentaria Eurolat (Europa-América Latina), se reúna sin mandato del Parlamento con Zelaya y el propio presidente golpista Micheletti “haciendo declaraciones a la prensa contrarias a la posición oficial europea”. La Unión Europea ha decidido no enviar observadores al proceso electoral del próximo 29 de noviembre en Honduras, y amenaza al gobierno de Micheletti con imponerle sanciones si no procede a la restauración del orden democrático.

Al mismo tiempo que esto se declaraba en Bruselas, Micheletti se mostraba duro con la nutrida delegación de la Organización de Estados Americanos que se había desplazado hasta Tegucigalpa para lo que parecía un acuerdo de salida del conflicto interno. “Sólo hay una posibilidad de que no se celebren esas elecciones: que nos invadan”.

Fernando Navarro Sordo
Europa451

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Si bien De Kerchove ha recordado que los acontecimientos más graves del verano los ha protagonizado ETA, se ha felicitado de la fructífera colaboración entre Francia y España para desarticular varios operativos de la banda terrorista vasca. “Lo que más preocupa es el terrorismo radical islamista”, ha señalado De Kerchove como principal “amenaza terrorista en Europa”.

En su informe destaca el aumento de europeos que se desplazan a los campos de entrenamiento de Al Quaeda en Pakistán y Afganistán, así como la necesidad “de ir a por los grupos que utilizan el territorio de la Unión como base de actividades propagandísticas a través de Internet, de recogida de fondos y de organización de los desplazamientos de europeos a los campos de entrenamiento de Al Quaeda”.

En relación a esta red terrorista islamista, de Kerchove ha señalado “una regionalización de Al Quaeda, que aprovecha la fragilización de ciertos Estados como Yemen durante la crisis económica mundial para desarrollar actividades terroristas ligadas a movimientos de insurrección”.
 
Aunque celebra que los sistemas de Eurojust y Europol por fin estén colaborando en la lucha antiterrorista, ha matizado que “aún deben mejorar” en su coordinación, mientras que propone que los Estados miembro “definan mejor su colaboración a la hora de colectar y compartir la información en la lucha antiterrorista”. En relación a España, el informe se centra también en la formación de los imanes, que “el Estado debe acompañar en mayor medida”, ha añadido de pasada el Coordinador.

Para concluir, De kerchove ha vuelto a dejar claro que “Europa debe contribuir a acabar con el paradigma de Guantánamo y favorecer en el mundo un método europeo de lucha antiterrorista basado en el Estado de derecho”.

Fernando Navarro
Europa451

El debate resultaba kafkiano, ayer, en la comisión de libertades del Europarlamento, la mitad del cual se desarrolló a puerta cerrada. Tras dos años de investigación por parte de las autoridades belgas, se ha concluido que la empresa privada Swift, no tenía en 2006 armas suficientes para defenderse de las presiones de Estados Unidos para que le pasara copias de datos personales de transferencias bancarias intraeuropeas.

Usted está informando a la CIA

Cada vez que usted realiza una transferencia bancaria a una cuenta en el extranjero, está compartiendo datos personales muy sensibles con la compañía privada que gestiona esos intercambios. A menudo, esa compañía privada es la belga Swift, la del famoso código Swift, cuyo centro de almacenamiento de datos se encuentra al otro lado del Atlántico.

Hasta aquí nada peligroso. Salvo cuando una de estas compañías privadas no es capaz de hacer frente a las presiones de algún Estado para que le muestre datos de dichas transferencias internacionales. Es precisamente lo que en 2006, el New York Times denunció en sus páginas. Según este diario, la sociedad belga Swift habría colaborado con la CIA y los servicios secretos del país transfiriéndoles, desde 2002, copias de los mensajes que se intercambiaban entidades financieras del mundo entero. Entre ellas las intraeuropeas.

Antiterrorismo a la americana

Se trataba de una época en que los norteamericanos perseguían moscas a cañonazos y terroristas con medidas de excepción que obviaban el respeto de las libertades y derechos fundamentales de las personas. “Gracias a estas transferencias de copias se han salvado miles de vidas”, llegaba a publicar Swift en sus informes de justificación. “Sospecho que estas medidas globales de los Estados Unidos contra el terrorismo internacional sean tan ineficaces como otras ya conocidas de este país”, declaraba la eurodiputada socialista Carmen Romero en la comisión de libertades.

Un plan correcaminos

Entretanto, han surgido dos novedades. Por un lado, Swift va a cambiar su arquitectura creando un centro de almacenamiento de datos personales en Suiza, sobre todo para los datos de movimientos bancarios en el interior de la Unión. Por otro, el Consejo europeo negocia a toda prisa un convenio con los EE UU para “garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas”. Algo que no convence a los diputados, pues no podrán por ahora proponer una sola coma en este convenio, al no haberse aprobado el Tratado de Lisboa. Liberales, Comunistas, Verdes y Socialistas hacían coro protestando por un Convenio que se va “a aprobar sin debate público”. Desde la Comisión europea, Jonathan Faull apremió a aprobar el convenio cuanto antes para “permitir a Swift trabajar en la legalidad y velar por la seguridad jurídica de las empresas”.

Europa podría venderse a los EE UU

“En el fondo, a Europa le conviene lo que los Estados Unidos hace con esta información que le ha surtido Swift”, especificaba el Coordinador europeo de la lucha antiterrorista, Gilles de Kerchove. Una aseveración contra la que varios diputados se levantaron. El socialista Lambridis se escandalizaba: “¿Eso es lo que quiere la Unión, que sus datos se vayan a Estados Unidos?”. Acto seguido, ironizaba sobre la capacidad de la presidencia sueca, cuyo país es el más laxo en materia de control de transmisión de datos por Internet, para llevar a cabo un Convenio satisfactorio para Europa. Incluso el Conservador Alexander Álvaro declaraba: “Israel, un país muy eficaz en la lucha contra el terrorismo, no permite que las autoridades públicas se hagan con los datos de las transferencias bancarias. ¿Con qué derecho meten los EE UU las manos en los datos de Europa?”

Fernando Navarro
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