Declararse en contra de un acuerdo internacional sobre el cambio climático y la reducción de las emisiones de CO2 hoy por hoy es una actitud arriesgada para cualquier político. En cambio, Polonia amenaza a la Unión europea con su veto como su factura sea demasiado alta.

Rzeczpospolita, uno de los principales diarios polacos, cita a un diplomático pata quien "resucitar el veto polaco es una de las posibilidades que se baraja ante las condiciones actuales". ¿El motivo? Las nuevas medidas europeas que tasarán a los Estados miembro más contaminantes deben permitir a la UE financiar sus iniciativas "verdes" con destino a los países en vías de desarrollo. Polonia apoya el fondo de la idea. En cuanto a la forma, trata de pagar lo menos posible.

Cómo calcular la factura

La idea inicial consistía en imponer una tasa a los más contaminantes. Un sistema simple de aspecto lógico. Sin embargo, muchos países, como Polonia, protestan contra lo que consideran una injusticia. Razonan de la siguiente manera: los países más ricos de la UE tienen medios suficientes para realizar las inversiones necesarias de cara a reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero. Por ejemplo, Francia, gracias a su industria nuclear. España, Dinamarca o Alemania gracias a su creciente sector de las renovables.

A diferencia de ellos, los países de la Europa central y oriental, centrados en gestionar la recuperación de una económica de mercado estos últimos años de postcomunismo, llevan mucho retraso energético y siguen dependiendo en gran parte de las energías fósiles contaminantes, como el carbón o e gas. Polonia no posee ninguna central nuclear  y produce el  90% de su electricidad mediante la combustión del carbón que extraer en su región de Silesia. Es decir, si el contaminador se convierte en pagano, las cuentas de Varsovia van a sufrir un duro golpe cuyo coste se estima en 1.800 millones de euros al año.

El Primer Ministro polaco, Donald Tusk, desea que la tasa de imposición tenga en cuenta asimismo el Producto Interior Bruto (PIB) del país que va a tener que pagar.

Polonia = Suecia

El ministro placo de Asuntos Europeos, Mikołaj Dowgielewicz, ha declarado que “desea un acuerdo, sí, pero justo”. Añadiendo que "los Estados en peor situación no deben pagar por los que están mejor. Polonia no puede pagar más que Suecia".

¿A qué viene esta comparación? A que el PIB de estos dos países es similar: 527.000 millones de dólares Polonia contra 478.000 para Suecia. En cambio, e relación a la emisión de gases de efecto invernadero la diferencia es más sensible. Polonia produce ocho toneladas por habitante y año, mientras que Suecia rebaja su cifra a 5,5 toneladas.

A pesar de esta diatriba es un error pensar que los grandes países no son quienes salen ganando de este sistema de quien contamina paga. Alemania es el país europeo que más CO2 produce, con nueve toneladas por habitante, o lo que es lo mismo, 808 millones de toneladas al año. Esto se debe a la renuncia a desarrollar la energía nuclear y la vuelta al gas y al carbón para producir electricidad acordada por los gobiernos de verdes y socialistas dirigidos por Gerhardt Schröder. Francia, con seis toneladas por año y habitante, se las apañaría bien con su factura.

Más fricciones

Hurgando en el asunto, descubrimos que la solidaridad europea presenta una geometría variable. El protocolo de Kioto concede a cada Estado unos derechos de emisiones de CO2 determinados. Son derechos de contaminación que los países del este no han utilizado en gran medida, pues la desindustrialización que han vivido los países del antiguo bloque soviético les ha llevado a disminuir en gran cantidad sus emisiones en los últimos años.

En realidad, lo que quieren estos países no es pagar la factura sino vender sus derechos de emisión no usado para cobrar un dinero que les ayude a salir de la crisis. Por ejemplo, Rusia calcula que podría obtener 5.000 millones de euros por el periodo 2008-2013,los países de Europa central otros 2.200 millones y Ucrania 2.400. Si intercambiaran estos derechos de emisión por las facturas que a UE les quiere hacer pagar, sería un negocio rentable para todos, pues los países en vías de desarrollo necesitan también aumentar sus emisiones para desarrollar sus economías productivas.

Frente a ellos, los países de la UE que tratan de invertir dinero en reducir sus emisiones se quejan de los países del este no han reducido sus emisiones por el desarrollo de políticas verdes, sino como resultado de una crisis de sobreproducción y del cierre de fábricas.

Temerosos de que los créditos por contaminación desaparezcan, algunos países del este se apresuran en encontrar soluciones urgentes. Hungría ha propuesto que sea la Unión europea que compre sus derechos de emisión.

La semana pasada, el ministro polaco de Asuntos Europeos, Dowgielewicz, subrayó el atasco de las negociaciones en el Consejo europeo. "Si un ministro de un Estado miembro no entiende por qué los países más pobres deben pagar menos que los ricos, entonces es que no comprende el sentido de la solidaridad europea". Otra misión para la Comisión europea: encontrar una postura de compromiso.