Todo sucedió la misma semana que el ex presidente español José María Aznar le sacó el puño y el dedo corazón en público a unos estudiantes que le trataban de terrorista. Sin embargo, “uno está detenido sin fianza e incomunicado y el otro no”, señala Luis Ocaña, abogado curtido en procesos sobre los Derechos fundamentales y colectivos. Este reproche dirigido a la justicia española se basaría en que tirarle a alguien un zapato no debería ser considerado como un intento de agresión, sino como un insulto. Es más, este “gesto simbólico” vendría a justificarse “como protesta contra una situación de brutal violación sistemática de los derechos humanos de un colectivo formado por 40 millones de personas”.

Insultar y agredir no es lo mismo

No obstante, todos los sistemas jurídicos penales se basan en la distinción cualitativa de la integridad física y la integridad moral. Por un puñetazo en la cara a un individuo al que le rompemos un hueso tendremos que soportar una sanción más elevada que por una simple y soez mención a la madre del sujeto, ya estemos en España, Canadá, Venezuela o Turquía.

La cuestión es si hay que considerar que arrojar un zapato comporta sólo la intención de insultar o también lleva aparejada la intención de que el objeto golpee con cierta fuerza el cuerpo o el rostro de la persona quien va dirigido, con lo cual podría sentirse agredida. “Yo no lo calificaría de intento de agresión, porque un zapato no es un arma ni es susceptible de hacer daño a nadie”, destaca de nuevo Luís Ocaña. Aun así, si el puño con el que agredimos no es un arma pero sí puede generar una agresión, ¿cómo convencer a los jueces de que liberen sin cargos a J.H.?

Los jueces lo tendrán complicado a la hora de analizar con equidad este caso que nos retrotrae a situaciones como aquella en la que el público solía arrojar tomates durante la función a los actores de teatro cuya actuación se deseaba denunciar, o los más recientes episodios de monedas, mecheros o botellas arrojados por vándalos contra jugadores o árbitros de fútbol para protestar.

Cuando los derechos humanos están de por medio

“Le ha perjudicado absolutamente el ser kurdo. Cualquier español que hubiera hecho lo mismo estaría en libertad y como máximo sería juzgado por una falta en grado de tentativa. De hecho, el propio ex presidente del gobierno, Aznar, sacó el dedo a los estudiantes hace unos días y no ha sido detenido, procesado o enviado a prisión provisional pese a que ambos han realizado comportamientos análogos”, explica su abogado. Sin quererlo, Ocaña olvida que el objeto del ataque es, además, un primer ministro.

“Lanzar un zapato no es lo más adecuado, pero resulta proporcionado a la situación que atraviesa el pueblo kurdo y a las opciones que les han dejado para expresarse”, reclama Ocaña. El Kurdistán está dividido entre Turquía, Iraq, Siria e Irán. A través de acciones políticas y militares, diversos partidos y guerrillas kurdas vienen demandando el derecho de autodeterminación desde 1806. Este derecho no sólo les viene reconocido, según varios expertos, por las resoluciones 2625 y 1415 de la ONU, sino por el Tratado de Sèvres, firmado tras la desaparición del Imperio Otomano en 1920.

Contra el deseo de los kurdos independentistas pesan condiciones de gran calado geoestratégico. El Kurdistán posee la mayoría de las reservas petrolíferas de Irán, Irak y Siria. Además, el principal partido independentista, el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) está en la lista internacional de organizaciones terroristas elaboradas por la Unión Europea, los Estados Unidos y Turquía. De hecho, el pasado 26 de febrero la Policía italiana desmanteló una organización que supuestamente reclutaba y adiestraba a jóvenes kurdos como guerrilleros del PKK.

Un kurdo arraigado en España al que quieren expulsar

El joven kurdo J.H. ha recibido el apoyo en España de la comunidad kurda y de colectivos y oenegés de defensa de Derechos Humanos. Además, llevaba desde 2005 en España, en situación irregular y ganándose la vida como camarero y vigilante a la salida de casetas de feria en Sevilla. Hace un mes se le había retirado su pasaporte sirio, al tiempo que ha solicitado se le conceda el premiso de residencia “por arraigo social”. “Cumple todos los requisitos establecidos por la Ley de Extranjería”, asegura su abogado. Frente a esto, la Policía ha solicitado que el juez le conmute la pena por una expulsión del país, extremo que recoge la propia Ley de Extranjería para las penas inferiores a seis años de prisión.

Para Luís Ocaña, casos como el de los kurdos demuestran que en Europa “los jueces siguen teniendo amo y aplican a menudo la doctrina penal del enemigo. La UE debería destacarse por su defensa incondicional de los derechos humanos, tanto a nivel interno como en su nivel exterior. En este sentido, cabe rescatar una resolución del Europarlamento, el 14 de enero de 2009, en la que se denuncian las debilidades comunitarias en la defensa internacional de los derechos humanos, y en especial del derecho a la autodeterminación.

Fernando Navarro Sordo
Europa451