El caso de Luis López refleja el complejo del Gobierno federal americano sobre la cuestión de la inmigración clandestina y el ejército. La ley sobre inmigración de 1952 afirma que los extranjeros que han “servido con honor” en tiempo de guerra pueden ser naturalizados aunque no “gocen plenamente de las características legales de los ciudadanos norteamericanos”.
La ley de 1952 ha regresado a la primera página de los diarios desde diciembre pasado cuando el senador Jeff Sessions la citó durante el debate sobre la Dream Act sobre Educación, Formación y Desarrollo de los Menores Extranjeros, una propuesta legislativa introducida en el Senado estadounidense en 2001, y que pretende otorgar un estatuto legal a los inmigrantes clandestinos que les permita obtener, eventualmente, la ciudadanía del país. Según Jeff Sessions, la Dream Act “no es necesaria porque ya existe un procedimiento legal que habilita a los clandestinos para obtener la ciudadanía a través del servicio militar”. En efecto, la ley de 1952 ha permitido a algunos inmigrantes pasados por el ejército obtener la ciudadanía. Aun así, este paso no es obligatorio.
Juan Escalante, de Seattle, entró en el ejército usando una falsa green card y sirvió en Irak. En 2003, Escalante confesó haber usado documentación falsa. A pesar de ello, el ejército le ha consentido permanecer y obtener la ciudadanía. Liliana Plata, de Los Ángeles, es una militar condecorada. En 2008, fue despedida después de que el ejército descubriera que había utilizado el nombre de otra persona para enrolarse. En diciembre de 2010, la Autoridad de inmigración rechazó su petición de naturalización.
Tras los atentados de septiembre de 2001 y septiembre de 2010, 63.643 miembros del ejército norteamericano han sido naturalizados: la Agencia de inmigración no sabe cuántos de ellos entraron ilegalmente en el país.
El Ejército apoya la Dream Act y afirma que, en los últimos años, mayores controles han dificultado la entrada de inmigrantes ilegales. “Nosotros no permitimos intencionadamente a los inmigrantes clandestinos enrolarse”, declaraba George Wright, portavoz del Ejército norteamericano.
“Los fraudes son muy comunes, y el Gobierno puede gestionarlos de diversa manera. Si no se desea despedir a la persona hay docenas de maneras de evitarlo”, dice John Quinn, un abogado especializado en asuntos de migración en San Francisco.
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