“¡Es posible que Europa esté financiando obras ilegales!”, advertía con prurito efectista este martes el eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz en la Comisión de Peticiones del Europarlamento. Acababa de finalizar su exposición de motivos Emilia de la Serna, que acudía a la capital de Europa en representación de 38 asociaciones hispalenses para denunciar las irregularidades medioambientales provocadas por la construcción de la nueva biblioteca universitaria de Sevilla. De paso, también, para solicitar de la Eurocámara una “condena moral” al ayuntamiento de la capital andaluza. “¡No prostituyamos esta comisión!”, replicaría más tarde Miguel Ángel Martínez, “no somos el Parlamento europeo, ni siquiera somos la comisión de agitación y propaganda. La única intención al traer este tema aquí es que ciertos medios locales puedan publicar que Europa ha condenado al ayuntamiento de Sevilla”, concluía gesticulando.

Una tabla de salvación que no flota del todo

A media luz y con presentación Power Point incluida, de la Serna invitó a los miembros de la mesa de la Comisión a desplazarse a la bancada de diputados para observar lo que considera una contravención al Tratado de Maastricht y la Convención medioambiental de Aarhus, un gesto inusual en la Cámara europea. “La Biblioteca del Prado se está construyendo en un parque en el centro de Sevilla financiado con 3,5 millones de euros de fondos europeos en los noventa, talando más de 200 árboles”, recordaba de la Serna, quien se ha remontado al Medievo y al rey Alfonso X el Sabio a la hora de explicar la historia de los terrenos en cuestión.

Proyectada por Zaha Hadid, única mujer que haya obtenido jamás el Premio Pritzker de arquitectura, la construcción de la llamada “biblioteca del Prado” ha sido declarada contraria al interés general por el Tribunal Superior de Andalucía, y sus obras han sido paralizadas en julio de 2009 por orden judicial hasta que el Supremo falle sobre la cuestión. La eurodiputada popular Teresa Jiménez Becerril, también sevillana, se sumó al apoyo a la petición. Insistió en que “hay un clamor popular contra este atropello a los principios medioambientales que defiende la Unión. Los ciudadanos de Sevilla tienen puestos sus ojos en esta comisión y espero que no ahoguemos los deseos de los sevillanos. Somos su tabla de salvación”, remataba.

Frente a esta batería, el representante de la Comisión europea, Alfredo Quintanilla, fotocopiaba verbalmente lo ya declarado el pasado 24 de abril por la institución en la que trabaja: “Ni la biblioteca contradice los objetivos de la subvención con fondos FEDER de los jardines del Prado de San Sebastián en Sevilla, ni se ha conculcado la directiva sobre procedimientos de adjudicación de contratos públicos”.

Los socialistas cierra filas entre Sevilla y Bruselas contra los señoritos

Dicho esto, el más contundente contra la queja de de la Serna ha sido el eurodiputado socialista sevillano Luís Yáñez. Lamentando las “falacias, falsedades y ocultaciones” por parte de la peticionaria representante de la asociación de vecinos Huerta de la Salud, puntualizó que “no se ha talado un solo árbol”, en contra de lo que pretende la asociación, “y la obra sólo afecta al 8% de la superficie de un jardín construido en 1996 que no presume de árboles centenarios”. “Además”, añadió, “el edificio no es ningún mamotreto, pues apenas alcanza los 26 metros de altura.”

Algo airada, Emilia de la Serna replicó que no admitiría que ningún eurodiputado le tratara de mentirosa al no jugar ella “ningún rol político y estar aquí como ciudadana”. Tras un cruce de reproches fuera de micrófono, ya en los pasillos insistía en que ella defiende los derechos de todos los ciudadanos de Sevilla: “No me molestaría en venir a defender simplemente a unos cuantos señoritos”.

La petición sigue abierta y el tema va para largo

Yáñez ha argumentado que la mayoría de los 60.000 estudiantes de la Universidad de Sevilla estarán a menos de cinco minutos de su biblioteca principal, cuya construcción apoyaron en 2003 todos los grupos políticos municipales. La petición sigue abierta y el comunista Willy Meyer expresó el deseo de que el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad hispalense acudan a Bruselas a dar sus  puntos de vista, extremo con el que Yáñez se mostró de acuerdo: “Sería bueno que europarlamentarios fueran a Sevilla a ver con sus propios ojos lo que se está construyendo. No tenemos nada que esconder.”

Por último, y no sin cierta sorna, Luís Yáñez ha recordado que los 5 edificios de Huerta de la salud que han iniciado el movimiento de protesta “porque les quitan la vista” fueron construidos en los años cuarenta del siglo pasado de manera ilegal. “Es legítimo defender el interés particular, pero no hay que confundirlo con el interés general”, apostilló.

Fernando Navarro Sordo
Europa451