ENFOQUE I Si el virus del nacionalismo y los intereses personales de los gobernantes de Europa no lo impide, el Tratado de Lisboa que entrará en vigor el 1 de enero de 2010, inaugura una nueva era en la integración de los países europeos.

En términos generales, el sistema introducido por Lisboa está pensado para ser duradero y estable. Es decir que, si no hay sobresaltos, vivirá quizá veinte años, hasta 2030. La Unión gana en democracia, en capacidad de decisión y en eficacia a la hora de aplicar y controlar la aplicación del derecho comunitario.

Por fin una democracia europea que respeta los estándares

El Parlamento europeo triplica sus competencias legislativas, que comparte casi al 100% con la especie de cámara alta que representa el Consejo europeo, es decir la reunión de jefes de Estado y de gobierno. Es lo que se llama la codecisión: para aprobar leyes, deben pasar por el Consejo y por el parlamento. Éste último además, pasa además a representar a “los ciudadanos de la Unión europea”, en vez de a “los pueblos de los Estados europeos”.

El Consejo europeo, por su parte, abandona la regla de la unanimidad para su toma de decisiones y adoptará, a partir de 2014, la de la mayoría cualificada, más justa y eficaz. Esta mayoría implica que las leyes se adoptan en su seno por mayoría de 55% de los Estados miembro que además representen el 65% de la población de la UE. Salvo en materia de fiscalidad, seguridad social, ciudadanía, lenguas, sede de las instituciones y política exterior y de seguridad, todo lo demás se legislará mediante este nuevo sistema fuera de la unanimidad. Eso sí, se crea la figura de la minoría de bloqueo: si cuatro Estados miembro se oponen a una ley, se tendrá que revisar antes de su aprobación.

Los ciudadanos de la Unión podrán intervenir de manera directa en la proposición de leyes, mediante la figura del la iniciativa popular. Cuando un millón de ciudadanos de la UE provenientes de un número significativo de países firmen una petición de ley, la Comisión deberá tomarla en cuenta y tomar la iniciativa para que se discuta y regule en el parlamento y el Consejo. Por último, el derecho de los ciudadanos a dirigirse al Tribunal Europeo de Justicia se amplía a más situaciones y materias. En concreto, conocerá de las causas relacionadas con la Carta Europea de Derechos Fundamentales

Decisiones sin brindis al sol

Hasta ahora, la eficacia en la aplicación y respeto del derecho europeo dejaba mucho que desear. En adelante, los poderes conferidos a la Comisión europea y al Tribunal Europeo de Justicia relativos a la imposición de sanciones en caso de incumplimiento serán mayores.

La creación del puesto de Presidente de la Unión y del Alto Representante para la política exterior con poderes reforzados marca un antes y un después en la Historia de la UE. Estas figuras tienen poderes de coordinación, impulso y representación de la UE en el exterior.

De la misma manera que un Estado se puede retirar de la UE si considera que no le conviene seguir integrándose, nueve Estados o más pueden decidir integrarse más deprisa que los demás: es la llamada cooperación reforzada. Lo mismo pueden hacer en materia militar y de defensa, lo que se conoce como cooperación permanente. En este sentido, se flexibiliza mucho la asunción o devolución de competencias por parte de la UE. Si la Unión considera en ciertas materias que la acción comunitaria es más eficaz que la nacional, puede asumir esas competencias. Si considera ineficaz ocuparse de ciertas competencias actuales, podrá devolverlas a los Estados.

El tamaño de la Comisión será reducido a partir de 2014, proveyendo más eficacia a sus trabajos y evitando gastos y burocracia. Los escaños del Parlamento europeo se repartirán a partir de ahora de un modo más proporcional a la población de cada miembro.

Reino Unido, miembro por defecto

Durante todo el proceso de negociación del nuevo Tratado de Lisboa, el reino Unido ha desarrollado una postura tendente a descafeinar dicho tratado. Debido a su presión, el Alto Representante, no se llama “ministro de asuntos exteriores”. Además, ha decidido quedarse fuera del espacio de jurisdicción de la Carta Europea de Derechos Fundamentales o el espacio Schengen. Además, este país ha forzado a sus socios a levantar barreras contra la libre circulación de los trabajadores “si esta ataca a los aspectos importantes del sistema de seguridad social”.

Fernando Navarro Sordo
Europa451