INFORMACIÓN I El Parlamento europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo, ha permitido la publicación del texto Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Acuerdo contra la falsificación comercial, ACTA). Una victoria de la sociedad civil que presionaba para ello. Este proyecto de acuerdo, que se remonta a 2007, se había guardado en secreto hasta que el medio Wikileaks, conocido por publicar filtraciones a la prensa, logró publicar un primer extracto.

Ya el 10 de marzo pasado, el Europarlamento intervino sobre esta cuestión reivindicando su derecho a ser informado y a informar en relación a este acuerdo definido como “secreto”. Las negociaciones en torno a este ACTA se remontan a 2007 e involucran a Australia, Canadá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Japón, Jordania, Marruecos, Méjico, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y la Unión Europea. Todo se llevó a cabo en completa confidencialidad. A raíz la publicación de un extracto del tratado por parte de Wikileaks en mayo de 2009, se interpusieron varias denuncias ante la Comisión Europea.

En marzo de 2010, la Eurocámara aprobó con una mayoría aplastante de 663 votos a favor, 13 en contra y 16 abstenciones, una resolución solicitando que fuera informada con puntualidad sobre este acuerdo con dos considerandos que resaltar. Por un lado, que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la Eurocámara iba a tener que aprobarlo para que surtiera efecto. Por otro, que la Comisión se comprometió a ofrecer esta información de inmediato al Parlamento durante cada fase de las negociaciones internacionales, señalándose que desde el 1 de diciembre de 2009 la Comisión tiene la obligación jurídica de suministrar esta información, como se indica aquí.

¿Qué puede preocupar de este intrigante ACTA? En él se describe una coalición internacional destinada a combatir las violaciones de los derechos de autor. Se mencionan medios como la posibilidad de inspeccionar los discos duros, los teléfonos y los lectores de Mp3 de las personas en tránsito, así como de limitar el acceso a Internet tras una violación de la propiedad intelectual realizada a través de descargas. Incluso se habla de restringir la circulación de las medicinas que contravengan los derechos de patentes.

Lea aquí el texto del ACTA