INVESTIGACIÓN I Extraviada en el Mediterráneo, la pirámide ferruginosa de Stromboli corona sus 900 metros de altura mediante una nube vertical y gaseosa, a menudo más majestuosa e inamovible que el propio volcán que la engendra. Los 700 habitantes de este muñón lunático viven sentados sobre un maná energético que hace atronar el motor de sus entrañas cada quince minutos desde hace tres mil años.  Sin embargo, cuando cae la noche sobre esta fabrica natural de fuegos artificiales, se hace el apagón garantizado durante diez horas, se agota el agua potable cargada en barcos cisterna cada día hasta el siguiente, y sólo la calefacción sexual nos permitirá cabalgar las horas húmedas y algo glaciales de una noche al borde del mar en invierno. Si el planeta se estropea de verdad, al menos nos compensará con esto último.

Los escasos grupitos de montañeros se sienten como en la Edad Media sobre este islote sin las comodidades más básicas de nuestro tiempo. “¡Es un error de percepción! Este lugar anticipa el futuro del planeta, en vez de su pasado”, replican los guías locales que les conducen hasta la cima de este abismo terráqueo. En efecto, cada vez más, las familias de aquí reforman sus terrazas para instalar sistemas de recuperación de aguas pluviales, invierten en paneles solares que cubren sus tejados y tratan de aprovechar las energías térmicas salidas de las tripas del volcán que les acoge y amenaza en todo momento. Quizá no sea la vuelta a la hoguera en la caverna lo que nos espere si la imaginación, la investigación y un cambio estructural de hábitos diarios toman el poder.

Activarse a fuerza de reforma económica

Una joven italiana, Sara Pizzinato, dirige el departamento de Cambio Clilmático en Greenpeace España. “La victoria contra el cambio climático pasa por una transformación integral del modelo económico y del modo de vivir, de la movilidad, del trabajo”, nos lanza acompañándose de ejemplos que abruman. “Es un escándalo que en Europa aún no se aplique el impuesto del IVA a la venta de aviones o de queroseno, lo mismo que no se entiende por qué el carburante diesel cuesta tan poco si emite más partículas finas de carbono que casi todos los demás.”

Greenpeace, al alimón con otras organizaciones medioambientales e Izquierda Unida hacen presión sobre el gobierno de Zapatero para que apruebe una legislación que tenga en cuenta el concepto de “movilidad sostenible”. Este gobierno, de momento, ha sometido a debate parlamentario una ley gigantesca llamada “de Economía Sostenible” que deberá desarrollarse mediante decenas de otras leyes en los próximos meses. Lo suficiente con lo que fabricar un código más pesado que el civil. Aunque más que nada para tratar de sacar a España del punto muerto en el que ha caído su economía dependiente al 25% de la construcción y del turismo de masas, sectores muy poco competitivos. “Hay que trabajar más en casa, no llevarse los polígonos industriales y financieros a los suburbios de las ciudades, siempre aislados y excluidos de las redes de transporte público. Sobre todo hay que apostar por esos transportes públicos. En la ciudad, los tranvías, el metro, los carriles para bicicletas y el autobús; en la región, el tren. El transporte debe ser un servicio, no una finalidad. Evaluemos las necesidades reales de transporte en vez de multiplicarlas.”

Una guerra de independencia asistida por poderosos grupos de interés privado

Pizzinato no parece muy confiada: “Abrevamos siempre los mismos intereses con el dinero público”. En España es precisamente la izquierda la que apoya el mantenimiento de la industria del carbón en el norte, un sector que sólo mantiene 8.000 empleos directos e indirectos y cuesta 1.000 millones de euros anuales al presupuesto europeo sólo en subvenciones. “En contraposición, las renovables emplean ya a 200.000 personas en España y sólo reciben 6.000 millones de euros de prima a la producción”, barre para sí Pizzinato. Otros expertos se muestran menos pesimistas. Valeriano Ruíz, profesor de Termodinámica de la Universidad de Sevilla, afirma que “Zapatero es el primer aliado de las fuentes solares”, con la intención de explotar la tecnología y volverla a vender a países como los Estados Unidos. Según Luis Crespo, director de la patronal Protermosolar, “La energía solar termoeléctrica podría substituir al 100% desde hoy a las centrales térmicas de carbón en España”.

Los conservadores, por su parte, abogan sin éxito por la vuelta de la energía nuclear. “El megavatio nuclear cuesta 35 euros. Comparados a los 60 euros del megavatio de las centrales de ciclo combinado, a los 80 euros del megavatio eólico y los 400 euros del fotovoltaico, la nuclear parece la solución contra las emisiones de CO2 y el escape de divisas”, explican los responsables de Nuclenor, empresa gestora de dos centrales nucleares en España. Sin embargo, el 72% de los españoles rechaza, según un reciente estudio de la consultora Accenture, esta fuente energética para el futuro del combinado energético.

Esto último no impide a las empresas españolas del sector nuclear de mirar por el rabillo del ojo la reactivación del mercado italiano, pero es Francia quien se ha llevado el contrato para construir y entregar –llave en mano- cuatro centrales nucleares en el país de la bota. Berlusconi quiere que Italia funcione al átomo tras una moratoria indefinida establecida tras un referendo en 1987. El 85% de la energía que consumen los italianos debe importarse y el país depende al 100% del gas ruso. Ahora comprendemos mejor esos fines de semana privados de Berlusconi en la dacha rusa de Putin y sus abrazos en público, algo que busca evitar en el futuro.

“En Italia, a los Verdes se les ve casi como si fueran terroristas”, nos anticipa Eric Valmir, corresponsal de Radio France en Roma. La electricidad en este país es cara, una familia típica que viva en un apartamento de 70 metros cuadrados con los electrodomésticos más básicos –y con calefacción a gas- debe hacer frente a una factura de 550 euros cada dos meses. “Así que imagine el efecto que tienen sobre la población los eslóganes ecologistas que pretenden generalizar las fuentes de energía renovable, todavía más costosas.”

Con todo, esto no le impide al Estado italiano invertir 184 euros por habitante cada año para introducir las fuentes eólicas y solares; tres veces más dinero que en Francia. ¿Dónde están los resultados? La fiscalía lanzó hace un par de meses la investigación “Lo que el viento se llevó”. Una operación contra una red de financiación de campos eólicos fantasma controlada por la mafia en las regiones de Campania y Sicilia, un escándalo que puede ser la puntilla para la opción renovable entre los italianos.

“En algunos países se le llama ‘Mafia’ y en otros, ‘lobys’, aunque es cierto que tienen métodos de presión distintos”, tercia, provocador, el alemán Nils Lunkenheimer, director de Phénix Solaire France. Según este ingeniero, su país, productor de automóviles muy contaminantes en Europa, “va de listo. Por un lado, aboga por una reducción de las emisiones de carbono del 50% de ahora a 2050, y por otro cuestiona el final de las centrales nucleares, esperando que de aquí al ecuador del siglo la técnica de la fisión nuclear esté operativa”.

Dicho esto, Alemania ya ha alcanzado el objetivo de reducir un 20% sus emisiones de carbono de aquí a 2020 y se presenta como la campeona mundial de las energías solar y eólica. “¡Incluso podría ganar dinero vendiendo certificados de emisiones de CO2!”, ironiza, Lunkenheimer.

“Y eso que Alemania no apostó por las energías renovables antes que Francia”, nos recuerda Eric Grandguillot, patrón de la empresa Alternative Technologique. Durante los años 60’ y 70’, Francia era pionera en la investigación de fuentes energéticas no contaminantes, “pero la obsesión por la independencia energética y la garantía del derecho del ciudadano a una energía barata nos arrojó en brazos de la energía nuclear”. Como consecuencia, sólo el 14% de la electricidad consumida en Francia proviene de fuentes renovables frente al 20% de España. “Y la cifra sigue disminuyendo”, anuncia Grandguillot. “Francia adora la calefacción eléctrica, muy barata de instalar: el 64% de las viviendas tienen la calefacción eléctrica, mientras el 80% de la vivienda de nueva construcción sigue este modelo”, explica Grandguillot, quien denuncia “una ausencia de ambición política en un Estado poco proactivo y que se limita a los incentivos fiscales”.

Fernando Navarro Sordo
Europa451

Fotos: Blucolt/Flickr; Comisión europea, Hadley Center.

Todo sucedió la misma semana que el ex presidente español José María Aznar le sacó el puño y el dedo corazón en público a unos estudiantes que le trataban de terrorista. Sin embargo, “uno está detenido sin fianza e incomunicado y el otro no”, señala Luis Ocaña, abogado curtido en procesos sobre los Derechos fundamentales y colectivos. Este reproche dirigido a la justicia española se basaría en que tirarle a alguien un zapato no debería ser considerado como un intento de agresión, sino como un insulto. Es más, este “gesto simbólico” vendría a justificarse “como protesta contra una situación de brutal violación sistemática de los derechos humanos de un colectivo formado por 40 millones de personas”.

Insultar y agredir no es lo mismo

No obstante, todos los sistemas jurídicos penales se basan en la distinción cualitativa de la integridad física y la integridad moral. Por un puñetazo en la cara a un individuo al que le rompemos un hueso tendremos que soportar una sanción más elevada que por una simple y soez mención a la madre del sujeto, ya estemos en España, Canadá, Venezuela o Turquía.

La cuestión es si hay que considerar que arrojar un zapato comporta sólo la intención de insultar o también lleva aparejada la intención de que el objeto golpee con cierta fuerza el cuerpo o el rostro de la persona quien va dirigido, con lo cual podría sentirse agredida. “Yo no lo calificaría de intento de agresión, porque un zapato no es un arma ni es susceptible de hacer daño a nadie”, destaca de nuevo Luís Ocaña. Aun así, si el puño con el que agredimos no es un arma pero sí puede generar una agresión, ¿cómo convencer a los jueces de que liberen sin cargos a J.H.?

Los jueces lo tendrán complicado a la hora de analizar con equidad este caso que nos retrotrae a situaciones como aquella en la que el público solía arrojar tomates durante la función a los actores de teatro cuya actuación se deseaba denunciar, o los más recientes episodios de monedas, mecheros o botellas arrojados por vándalos contra jugadores o árbitros de fútbol para protestar.

Cuando los derechos humanos están de por medio

“Le ha perjudicado absolutamente el ser kurdo. Cualquier español que hubiera hecho lo mismo estaría en libertad y como máximo sería juzgado por una falta en grado de tentativa. De hecho, el propio ex presidente del gobierno, Aznar, sacó el dedo a los estudiantes hace unos días y no ha sido detenido, procesado o enviado a prisión provisional pese a que ambos han realizado comportamientos análogos”, explica su abogado. Sin quererlo, Ocaña olvida que el objeto del ataque es, además, un primer ministro.

“Lanzar un zapato no es lo más adecuado, pero resulta proporcionado a la situación que atraviesa el pueblo kurdo y a las opciones que les han dejado para expresarse”, reclama Ocaña. El Kurdistán está dividido entre Turquía, Iraq, Siria e Irán. A través de acciones políticas y militares, diversos partidos y guerrillas kurdas vienen demandando el derecho de autodeterminación desde 1806. Este derecho no sólo les viene reconocido, según varios expertos, por las resoluciones 2625 y 1415 de la ONU, sino por el Tratado de Sèvres, firmado tras la desaparición del Imperio Otomano en 1920.

Contra el deseo de los kurdos independentistas pesan condiciones de gran calado geoestratégico. El Kurdistán posee la mayoría de las reservas petrolíferas de Irán, Irak y Siria. Además, el principal partido independentista, el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) está en la lista internacional de organizaciones terroristas elaboradas por la Unión Europea, los Estados Unidos y Turquía. De hecho, el pasado 26 de febrero la Policía italiana desmanteló una organización que supuestamente reclutaba y adiestraba a jóvenes kurdos como guerrilleros del PKK.

Un kurdo arraigado en España al que quieren expulsar

El joven kurdo J.H. ha recibido el apoyo en España de la comunidad kurda y de colectivos y oenegés de defensa de Derechos Humanos. Además, llevaba desde 2005 en España, en situación irregular y ganándose la vida como camarero y vigilante a la salida de casetas de feria en Sevilla. Hace un mes se le había retirado su pasaporte sirio, al tiempo que ha solicitado se le conceda el premiso de residencia “por arraigo social”. “Cumple todos los requisitos establecidos por la Ley de Extranjería”, asegura su abogado. Frente a esto, la Policía ha solicitado que el juez le conmute la pena por una expulsión del país, extremo que recoge la propia Ley de Extranjería para las penas inferiores a seis años de prisión.

Para Luís Ocaña, casos como el de los kurdos demuestran que en Europa “los jueces siguen teniendo amo y aplican a menudo la doctrina penal del enemigo. La UE debería destacarse por su defensa incondicional de los derechos humanos, tanto a nivel interno como en su nivel exterior. En este sentido, cabe rescatar una resolución del Europarlamento, el 14 de enero de 2009, en la que se denuncian las debilidades comunitarias en la defensa internacional de los derechos humanos, y en especial del derecho a la autodeterminación.

Fernando Navarro Sordo
Europa451

El mapa del mundo de la libertad de prensa está organizado en 5 divisiones según el nivel de respeto de esta libertad.  16 países se encuentran en la división de honor en donde “la situación es buena”. Entre los europeos, están los ya mencionados y los países bálticos junto con Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido, Bélgica y Holanda.

En la segunda división, la de la “situación más bien buena”, se encuentran países como los Estados Unidos, Francia, España, Polonia, Portugal, Hungría, Chequia, Eslovenia, Luxemburgo, Rumanía o Grecia. Sin embargo, también hay estados europeos en la tercera división, en donde se censan “problemas sensibles”. Estos son Italia, Eslovaquia y Bulgaria. La práctica totalidad del resto del mundo es peligrosa para los periodistas.

La pregunta que suele hacerse el ciudadano medio europeo es “qué condiciones determinan que un país esté o no en una división superior o inferior”. Y es que tendemos a pensar que vivimos en sociedades perfectamente libres y respetuosas con la libertad de expresión. El caso italiano de enorme concentración mediática en pocas manos y en la relación entre medios y poder político, suele ocupar las portadas de los diarios nacionales de tanto en tanto. En Bulgaria, la corrupción hace mella en toda la sociedad, y en Eslovaquia se acaba de promulgar una ley que da derecho de respuesta automática a los dirigentes cuando se les menciona en un artículo, un intervencionismo grave a la libertad de prensa.

Pero, ¿qué hay de esos países europeos en la segunda división? España es un paradigma. Aún existen aquí periodistas forzados a llevar guardaespaldas, pues están amenazados por grupos terroristas como ETA. Además, medios de comunicación públicos (sobre todo televisiones regionales) son objeto de críticas por su utilización partidista a favor de la formación en el gobierno, como en Madrid, Valencia o Andalucía. Otros motivos recurrentes en los países de esta segunda división son “el uso abusivo de acciones legales contra periodistas u órganos de prensa y el boicot publicitario”.

Un ejemplo de país situado en la quinta y última división, con “una situación muy grave”, sería Túnez, un vecino mediterráneo cuyo gobierno recibe el apoyo de la mayoría de las potencias europeas.

Fernando Navarro Sordo
Europa451

Día a día se confirma el error cometido por la UE en nombrar a la socialista británica Ashton como responsable de Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión. “No puedo estar en todas partes”, declaraba hace unos días a los periodistas que le inquirían por su ausencia de Haití. Sin duda, no es cabal exigir el don de la ubicuidad a ningún político, pero sí el de la oportunidad y la solidaridad, por simbólicas que sean. 48 horas tardó Hillary Clinton, su hómóloga estadounidense en bajar las escalerillas del avión en Puerto Príncipe. La UE, la mayor donante de ayuda al desarrollo del mundo, no pudo estar representada y por su responsable de asuntos exteriores en el fragor de la batalla contra el desastre provocado por el terremoto de Haití.

Peor aún, Ashton, en vez de enviar a Haití al responsable español de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, ha decidido destacar en nombre de la UE al francés Bernard Kouchner, ministro de Exteriores de la antigua metrópoli colonial haitiana: Francia. Todo ello a pesar de que la presidencia semestral española de la UE está poniendo todo de su parte para darle un protagonismo especial a los nuevos cargos dirigentes de la UE creados por el Tratado de Lisboa. Una vez más, esto huele a paternalismo colonialista encubierto y a más de lo mismo a pesar de la lata que se hadado a los europeos con aprobar el Tratado de Lisboa. Y sobre todo, demuestra que los británicos han optado a uno de los 2 puestos dirigentes de la UE por el mismo motivo de siempre y el único que les interesa: el monopolio de la interlocución con los Estados Unidos.

Fernando Navarro Sordo
Europa451

INFORMACIÓN I Casi todo el mundo lo ha olvidado, pero en 2003 Holanda apoyó la invasión de Irak por los norteamericanos y sus aliados. El 12 de enero el comité holandés que investiga este apoyo publica sus resultados tras el descubrimiento de que en Irak no había armas de destrucción masiva.

El actual Primer Ministro de los Países Bajos, el democristiano Jan Peter Balkenende, fue quien dio el apoyo de su país a la invasión y la posterior guerra en Irak. Más tarde, cuando surgieron las sospechas de que no sólo no había armas de destrucción masiva en Irak –motivo por el cual se dio apoyo a esta guerra- e incluso denuncias de tortura a detenidos por parte de los agentes de los Servicios de Inteligencia Militar del ejército neerlandés destacados en Irak, fue el propio Balkenende quien encomendó a una comisión independiente de investigación indagar sobre estas acusaciones. Un primer informe determinó que no había habido torturas, pero para su elaboración nunca se interrogó a los detenidos y presuntas víctimas. El 12 de enero se presenta un informe más completo y creíble que marcará el último episodio de un culebrón que ocupa a la opinión pública holandesa desde hace 6 años. Balkenende fue en el mes de noviembre uno de los más serios candidatos a ocupar el puesto de Presidente de la UE, en lugar del actual, van Rompuy.

Fernando Navarro Sordo
Europa451

ANÁLISIS I El domingo 29 de noviembre el 57% de los suizos se ha pronunciado en referendo contra la construcción de minaretes en el territorio nacional. La iniciativa propuesta por Lorenzo Quadri, parlamentario cantonal de Ticino, y miembro del movimiento populista y antieuropeísta  Lega dei Ticinesi, se caracteriza por el rechazo de la naturalización de los inmigrantes. Pero la Unión Democrática de Centro, partido gobernante, también ha apoyado la medida.

Esta iniciativa elevada a norma ahora veta la construcción de minaretes amparándose en la identidad católica de Suiza. La Constitución de Ticino (no la federal) reconoce a la “Iglesia católica apostólica romana y la Iglesia Evangélica reformada como personas de derecho público”, mientras el artículo 15 de la constitución suiza se limita a garantizar la “libertad de credo y de conciencia”.

Según la iniciativa parlamentaria, los minaretes sirven para “marcar el territorio” y la prohibición de su construcción permitiría preservar la identidad cultural (¿católica?) suiza. Con todo, en todo el país sólo se han erigido media docena de minaretes y la población musulmana suiza, en su mayoría originaria de Bosnia y Turquía, nunca ha tenido problemas de integración.

Según el censo realizado en 2000 en Suiza por la Oficina Federal de Estadísticas (OFS), la religión tiene “un papel importante” sólo para el 16% de los ciudadanos. Entre 1990 y 2000, el número de creyentes practicantes de las dos religiones mayoritarias, la católica y la protestante, descendió en un 10%. El 38,5% de los católicos suizos declara no ir a la iglesia para nada, lo mismo que el 50,7% de los protestantes. Suiza no es, pues, tan diferente del resto de Europa: según cifras de Eurostat en 2005 la religión es un elemento fundamental en la vida para el 53% de los encuestados. En general, el 49,5% de los ciudadanos europeos se declaran católicos, el 12,7% protestante, el 8,6% ortodoxo, el 15,7% musulmán, el 0,4% judío. Un 25,4% se declara “no religioso”. No obstante, cuando se trata de mezquitas regresamos todos al portal de Belén y reivindicamos alto y claro que “sí, somos católicos”.

De rebote, la caverna aplaude

El partido flamenco de extrema derecha Vlaams Belang, en boca de Filip Dewinter, se felicita del resultado, proponiendo la extensión de la iniciativa a Bélgica. Igual postura adopta el Partido de la Libertad holandés del ultraderechista xenófobo Geert Wilders, que compara el Corán al Mein Kampf de Hitler. La vicepresidenta del Front National francés, Marine Le Pen, apela a la voluntad popular de los europeos: “Las élites deberían escuchar los temores y las aspiraciones del pueblo europeo que rechaza los símbolos políticos y religiosos de los musulmanes”. En Italia, Roberto Castelli aprovecha para subrayar que “ha llegado el momento de añadir la cruz cristiana sobre la bandera italiana”. Si el minarete no es un símbolo religioso, sino político, habrá que responder marcando con otro símbolo nuestro territorio, parecen concluir los adalides de las esencias cristianas de Europa. A pesar de que la influencia religiosa sigue perdiendo terreno en el continente seguimos atizando con el crucifijo.

Marcar el territorio

Este episodio se relaciona con la reciente sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, sita en Estrasburgo, que prohíbe colgar crucifijos en las escuelas públicas. Ulrich Schüler, político de la gobernante Unión Democrática de Centro resume: “Ahora, los países cristianos no pueden exponer símbolos cristianos (…), pero debemos aceptar que se extiendan los símbolos musulmanes”. El 3 de noviembre pasado la Corte Europea declaraba que el crucifijo en las escuelas italianas es "una violación de la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones y [representa una violación] de la libertad religiosa de los alumnos". El Governo italiano ha recurrido la sentencia y el caso se resolverá en tres meses. La cuestión fue planteada por Soile Lautsi, ciudadana italiana de origen finlandés y simpatizante de UAAR (Unión atea y agnóstica racionalista). De izquierda a derecha, los partidos políticos italianos han reaccionado de la misma manera: “El crucifijo es signo de nuestra identidad cultural (para algunos), y para otros es el símbolo de la identidad religiosa italiana y europea”.

Incluso para quienes no se consideran católicos, abandonar el crucifijo da miedo. El debate sobre su presencia en las escuelas -subrayado, hay que repetirlo, por una finlandesa laica y racionalista- ha desencadenado la polémica contra la invasión islámica. Un ejemplo: la Liga Norte italiana en la ciudad de Bérgamo enarbola un cartel en el que puede leerse: “No queremos morir musulmanes”. En Facebook crecen como setas los grupos que atacan, no ya a la Corte Europea, sino a los musulmanes: “¿No quieres crucifijo en clase? ¡No te quiero en Italia!”. Más de siete mil fans y un muro de debate animadísimo teñido enseguida de racismo.
 
La “voluntad popular” que reclama Marine Le Pen ha sido respetada. En cambio, habría que preguntarse si el referendo es el instrumento adecuado para este tipo de decisiones carne de populistas. Además, es bueno preguntarse por la identidad de los europeos: la UE, a pesar de su debilidad política, tiene cada vez más importancia en nuestras vidas y el repliegue nacional, regional y religioso parece ser un recurso fácil y recurrente.

Otro problema es que vivimos en una Europa en la que la voluntad popular se respeta según el día. En 2005, Francia y los Países Bajos, en referendo, rechazaron la Constitución europea. Cuatro años más tarde, sus gobiernos ratificaron el tratado de Lisboa pensando que  cambiándole el nombre al niño la voluntad popular ya no tendría importancia. Lo mismo que ha sucedido en Irlanda en 2008 y 2009.

Ahora es el islam a quien le toca suscitar el debate sobre la otra cara de la identidad europea. No sólo en Suiza o Italia. Francia discute la prohibición del burka y Alemania polemiza sobre la construcción de mezquitas, un asunto siempre complicado en España a la vista de dossier interminable de la construcción de la mezquita en Sevilla, ciudad cuyo símbolo es un antiguo minarete. En las pasadas elecciones europeas, en junio de 2009, no es un tema que se haya tocado demasiado durante la campaña. Todo lo más se discutía la entrada de Turquía en la UE, como si la musulmana no fuera ya la segunda religión de Europa.
 
Artículo publicado también en http://www.euroalter.com/it/2009/le...

Francesca Barca
Europa451

Declararse en contra de un acuerdo internacional sobre el cambio climático y la reducción de las emisiones de CO2 hoy por hoy es una actitud arriesgada para cualquier político. En cambio, Polonia amenaza a la Unión europea con su veto como su factura sea demasiado alta.

Rzeczpospolita, uno de los principales diarios polacos, cita a un diplomático pata quien "resucitar el veto polaco es una de las posibilidades que se baraja ante las condiciones actuales". ¿El motivo? Las nuevas medidas europeas que tasarán a los Estados miembro más contaminantes deben permitir a la UE financiar sus iniciativas "verdes" con destino a los países en vías de desarrollo. Polonia apoya el fondo de la idea. En cuanto a la forma, trata de pagar lo menos posible.

Cómo calcular la factura

La idea inicial consistía en imponer una tasa a los más contaminantes. Un sistema simple de aspecto lógico. Sin embargo, muchos países, como Polonia, protestan contra lo que consideran una injusticia. Razonan de la siguiente manera: los países más ricos de la UE tienen medios suficientes para realizar las inversiones necesarias de cara a reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero. Por ejemplo, Francia, gracias a su industria nuclear. España, Dinamarca o Alemania gracias a su creciente sector de las renovables.

A diferencia de ellos, los países de la Europa central y oriental, centrados en gestionar la recuperación de una económica de mercado estos últimos años de postcomunismo, llevan mucho retraso energético y siguen dependiendo en gran parte de las energías fósiles contaminantes, como el carbón o e gas. Polonia no posee ninguna central nuclear  y produce el  90% de su electricidad mediante la combustión del carbón que extraer en su región de Silesia. Es decir, si el contaminador se convierte en pagano, las cuentas de Varsovia van a sufrir un duro golpe cuyo coste se estima en 1.800 millones de euros al año.

El Primer Ministro polaco, Donald Tusk, desea que la tasa de imposición tenga en cuenta asimismo el Producto Interior Bruto (PIB) del país que va a tener que pagar.

Polonia = Suecia

El ministro placo de Asuntos Europeos, Mikołaj Dowgielewicz, ha declarado que “desea un acuerdo, sí, pero justo”. Añadiendo que "los Estados en peor situación no deben pagar por los que están mejor. Polonia no puede pagar más que Suecia".

¿A qué viene esta comparación? A que el PIB de estos dos países es similar: 527.000 millones de dólares Polonia contra 478.000 para Suecia. En cambio, e relación a la emisión de gases de efecto invernadero la diferencia es más sensible. Polonia produce ocho toneladas por habitante y año, mientras que Suecia rebaja su cifra a 5,5 toneladas.

A pesar de esta diatriba es un error pensar que los grandes países no son quienes salen ganando de este sistema de quien contamina paga. Alemania es el país europeo que más CO2 produce, con nueve toneladas por habitante, o lo que es lo mismo, 808 millones de toneladas al año. Esto se debe a la renuncia a desarrollar la energía nuclear y la vuelta al gas y al carbón para producir electricidad acordada por los gobiernos de verdes y socialistas dirigidos por Gerhardt Schröder. Francia, con seis toneladas por año y habitante, se las apañaría bien con su factura.

Más fricciones

Hurgando en el asunto, descubrimos que la solidaridad europea presenta una geometría variable. El protocolo de Kioto concede a cada Estado unos derechos de emisiones de CO2 determinados. Son derechos de contaminación que los países del este no han utilizado en gran medida, pues la desindustrialización que han vivido los países del antiguo bloque soviético les ha llevado a disminuir en gran cantidad sus emisiones en los últimos años.

En realidad, lo que quieren estos países no es pagar la factura sino vender sus derechos de emisión no usado para cobrar un dinero que les ayude a salir de la crisis. Por ejemplo, Rusia calcula que podría obtener 5.000 millones de euros por el periodo 2008-2013,los países de Europa central otros 2.200 millones y Ucrania 2.400. Si intercambiaran estos derechos de emisión por las facturas que a UE les quiere hacer pagar, sería un negocio rentable para todos, pues los países en vías de desarrollo necesitan también aumentar sus emisiones para desarrollar sus economías productivas.

Frente a ellos, los países de la UE que tratan de invertir dinero en reducir sus emisiones se quejan de los países del este no han reducido sus emisiones por el desarrollo de políticas verdes, sino como resultado de una crisis de sobreproducción y del cierre de fábricas.

Temerosos de que los créditos por contaminación desaparezcan, algunos países del este se apresuran en encontrar soluciones urgentes. Hungría ha propuesto que sea la Unión europea que compre sus derechos de emisión.

La semana pasada, el ministro polaco de Asuntos Europeos, Dowgielewicz, subrayó el atasco de las negociaciones en el Consejo europeo. "Si un ministro de un Estado miembro no entiende por qué los países más pobres deben pagar menos que los ricos, entonces es que no comprende el sentido de la solidaridad europea". Otra misión para la Comisión europea: encontrar una postura de compromiso.

Aquel 7 de noviembre de 1987, la cúpula militar tunecina decidió amalgamar la mística esotérica del número siete con la política. Liderada por el primer ministro Zine el Abidine Ben Ali, derrocó al padre de la patria y jefe del Estado durante treinta años, Habib Bourguiba. “Empezaba a chochear”, anunciaron a la población para justificar el golpe de Estado. Ni la élite política, ni las bases del partido gubernamental RCD, ni la oposición se levantaron contra este atropello antidemocrático. El país llevaba 3 años sumido en los disturbios provocados por una política económica errática y el clientelismo del sistema.

Desde entonces, el número siete, San Siete, se ha convertido en el patrón del proyecto del clan Ben Ali, quien al cabo de este nuevo mandato habrá gobernado durante 27 años. A la fiesta nacional del 7 de noviembre, se unen la compañía aérea Sevenair, el principal canal de televisión Tunisie7, el estadio olímpico 7 de noviembre, los sellos de correos con el 7 estilizado, el aeropuerto internacional de Tabarka 7 de noviembre, y una larga lista de declinaciones obsesivas. Como para no pensar que el régimen de Ben Alí también chochea y requiere de otra operación médica, esta vez más democrática.  

El único partido de oposición al que se ha permitido concurrir a las elecciones, el de los ex comunistas moderados Ettajdid, ha obtenido el 1,57% de los votos. Esto en una campaña en la que su líder sólo ha gozado del 0,20% del tiempo empleado por los medios de comunicación legales en informar sobre las elecciones, frente al 92% de tiempo monopolizado por Ben Ali, según la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas liderada por Sana Ben Achoun.

Fernando Navarro Sordo
Europa451

“Me declaro Desesperada”, nos cuenta Sana Ben Achour, presidenta de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas. “Las mujeres no se movilizan en política, salvo a favor del partido de Ben Ali. Éste, a través de su mujer Leyla, se ha jugado mucho su imagen en la promoción de las mujeres”.

La oposición en Túnez es una escombrera a todas luces, que además debe hacer frente a prácticas demoledoras por parte del régimen clientelar de Ben Ali. Para empezar, ahora que se ha rebajado la edad legal para votar a 18 años, el gobierno está enviando a todos los nuevos inscritos en el registro electoral, una carta invitándoles a afiliarse al partido de Ben Ali, el RCD. Este partido cuenta con casi dos millones y medio de militantes, es decir, el 25% de la población, según cifras de la Federación Internacional de Ligas por los Derechos Humanos (FIDH). Resulta útil compararlo con el régimen chino, cuyo partido único, el PCCh, registra 70 millones de afiliados: el 7% de la población. La administración pública no tiene ningún sentido de la neutralidad política.

En teoría, la campaña electoral dura 13 días. Son los únicos durante los cuales los partidos de la oposición pueden hacer algo. “Esto penaliza a los candidatos sin acceso a los medios de comunicación, sin apoyo de la administración o sin medios para recorrer el país en menos de dos semanas”, según nos aclaran desde la Federación de Ligas por los Derechos Humanos (FIDH).

Sin embargo, la campaña del actual Jefe del Estado y candidato a su propia sucesión comenzó hace dos años. En 2007, Ben Ali, hizo un llamamiento a todas las asociaciones para que le conminaran a presentarse a la reelección. En Túnez hay registradas más de 9.000 asociaciones, lo que permite al régimen ufanarse de la total libertad reinante en el país. Eso sí, una ley de 1992 permite la imposición de socios obligatorios a las asociaciones. Basta con que una persona adhiera en público a los principios y el objeto de la asociación en cuestión y esta se ve obligada a aceptarlo entre sus miembros. Ni que decir se debe que el régimen infiltra todas las asociaciones de Túnez.

Desde hace meses, se multiplican como setas por las carreteras del país grandes pancartas con declaraciones de apoyo a Ben Ali, o con su imagen retratada en medio de muchedumbres adoradoras. No hay obra civil que no se cubra con el color malva –el color del partido de Ben Ali- el día de su inauguración.

Según la periodista Sihem Bensedrine, en 2004, los medios de comunicación gubernamentales dedicaron el 89% de su tiempo informativo a tratar la elección presidencial, mientras que sólo emplearon el 11% en relatar la campaña para las legislativas que se desarrollaba en simultáneo. “Es la prueba de la vehemencia personalista del régimen que también se repetirá durante esta campaña electoral”, señala Bensedrine. Durante toda la campaña presidencial, frente a la omnipresencia  de Ben Ali y su partido, los otros candidatos –Mohamed Bouchiba y Ahmed Inoubli representando a falsas formaciones opositoras, y Ahmed Brahim a la cabeza de los ex comunistas del Ettajdid- sólo disponen de 20 minutos de antena en Televisión.

En Túnez, la ley prohíbe a los candidatos hacer declaraciones en los medios extranjeros. Dentro, el espacio mediático está dominado por el clan de los Ben Ali. El mes pasado, cuando todavía no había empezado oficialmente la campaña, se distribuyeron a la salida de las mezquitas centenares de miles de bolsas de plástico con la marca Radio Zitouna, propiedad de Imed Trabelsi, el nuero del Jefe del Estado, impresa en una cara, y la inscripción “Ben Ali 2009” en la otra.

El único grupo de prensa independiente, Cheikh Rouhou, al cual pertenecen cabeceras como Le Temps o Essabah, es propiedad de otro familar de Ben Ali. Exceptuando todas las televisiones, controladas por el régimen, sólo Hannibal TV está participada por capital extranjero, en concreto por el grupo Finninvest propiedad de Silvio Berlusconi. Un panorama desolador.

En las elecciones legislativas del 25 de octubre se elegirán los 214 diputados de la cámara baja. Estos se dividen en dos grupos. El primero es de 161 escaños elegidos mediante un sistema electoral mayoritario que otorga el 100% al RCD, gracias al control que los 24 gobernadores ejercen sobre las listas electorales que presentan los partidos. El otro grupo, de 53 diputados, “se reserva” para los partidos independientes que en realidad operan de coartada para el régimen y no ejercen en modo alguno labor de oposición parlamentaria. Otra anomalía es el número excesivo de colegios electorales, más de 10.000, uno por cada seiscientos votantes. “La finalidad”, de nuevo según el FIDH, “es impedir a los partidos de oposición la vigilancia de las operaciones de voto, pues ninguno dispone de militantes suficientes para estar presentes en todos los colegios”.

El RCD no sólo controla las instituciones políticas de Túnez. En el Consejo Superior de la Comunicación, el Comité Superior de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y el observatorio de las elecciones, no figura un solo miembro representante de la oposición.

Ben Ali, el ausente de la Wikipedia

La censura en Túnez es la regla. Ni siquiera You Tube, inaccesible desde este país, se libra. La página que Wikipedia dedica a Ben Alí sólo se puede visitar desde el extranjero, pues su neutralidad objetiva hiere la sensibilidad del régimen tunecino hasta el punto de bloquear su acceso a los ciudadanos del interior.

A pesar de todo, el ex Coronel golpista Ben Ali presenta a su país como una democracia. ¿Qué es Túnez en realidad? ¿Cuál es la ideología del partido gubernamental? “El de Ben Ali es un partido malva”, resume, lacónico, el vitriólico caricaturista “Z” en el salón del apartamento en el que prepara sus tiras cómicas. Es su manera de asentar que el RCD no tiene ideología, sino envoltorio. El malva es el color que lo caracteriza.

A través de su web Debat-Tunisie, Zeta, el primer dibujante de sátira política de la historia de Túnez, por increíble que parezca, se consagra a la máxima de la “imagen que vale más que mil palabras”. Desde hace dos años, es la estrella de la disidencia. De las pocas personas que encarna la esperanza democrática tunecina por encontrar figuras que aporten libertad y sensatez al pensamiento político en Túnez.

Ahmed Nejib Chebbi, líder del Partido Democrático Progresista (PDP, centro laicista), contesta sin matices a nuestra pregunta: “Túnez se rige por un sistema autoritario que se caracteriza por la confusión de los poderes”. Ben Ali, no sólo es el Jefe del Estado, sino también jefe de la magistratura. El Consejo constitucional, órgano cuyos miembros eligen el RCD y Ben Ali, sólo puede ser solicitado por el propio Ben Ali. “Los gobernadores, nombrados por el RCD, controlan hasta tal punto el proceso electoral, que son quienes deciden el emplazamiento de cada uno de los carteles electorales de los partidos opositores”, apostilla Chebbi.

Este veterano político suele agradecer la escucha que recibe la oposición tunecina por parte de las autoridades de la UE, pero admite resignado que “son demasiados los intereses económicos de países como Francia, España o Italia en este país considerado ‘amigo’, como para fragilizarlo criticando al régimen de Ben Ali”. “Occidente teme el ascenso de los islamistas radicales si Ben Ali se marcha. Pero es una falacia, pues Marruecos ha demostrado que se puede integrar al islamismo moderado en el sistema democrático”, remata Chebbi, para quien las “transiciones pacíficas de España, Portugal o Grecia son una inspiración”.

Los representantes del RCD, a menudo enarbolan cifras macroeconómicas surgidas de instituciones internacionales para ilustrar las bondades del gobierno presidido por Ben Ali. “Ya hemos superado en competitividad a África del Sur”, podemos leer en las páginas de La Presse, un diario controlado por el RCD y en cuya portada todos los días figura una imagen y una noticia hagiográfica acerca del Jefe del Estado.

“Las cifras del Banco Mundial confirman que Túnez ha crecido en los últimos veinte años a un ritmo anual del 5% del PIB, mientras el 80% de la población es propietaria”, subraya Chedli Ben Younes, un famoso presentador de telediarios en la cadena pública Canal 7, que ha acudido a la cita de la oposición a justificar la acción del régimen.

“Para mí es perfectamente concebible que Ben Alí y el RCD ganen las elecciones con el 95% de apoyo, porque el sistema es transparente y se respeta la ley”, insiste quien tiene una audiencia en Túnez comparable a la de un Matías Prats, o un Pedro Piqueras en España.

“Lo que no dice es que los sobres en los que se insertan las papeletas de voto son translúcidos en Túnez, y a cada partido le corresponde una papeleta de un color vivo distinto”, nos comenta el cantante protestatario Beyrem Kilani, más conocido como Bandirman en Colombia City, el barrio depauperado de las afueras de Túnez capital.

La oposición tunecina esgrime la “indignidad” de justificar con datos económicos la perpetuación de una dictadura. “Datos incompletos”, clama Ettayeb, “que obvian que el 17% de los diplomados universitarios están en el paro”. Dicho esto, como resume sin concesiones la opositora feminista Sana Ben Achour, “la disidencia organizada en protopartidos no posee aún un plan creíble como alternativa política y económica a Ben Ali. Sus líderes, son gente respetada por la sociedad que comprende que llevan a cabo una ardua lucha, pero carecen de medios para que sus mensajes lleguen a todos los ciudadanos”.

Fernando Navarro Sordo
Europa451

La precaria situación de las libertades en Túnez ha forzado a la oposición a desplazarse hasta Europa para exponer su crítica a la dictadura de Ben Ali. París ha asistido a un debate abierto en el que también han estado presentes militantes del partido gubernamental tunecino, el Agrupamiento Constitucional Democrático (RCD), amén de los informadores infiltrados por el régimen. Disgregada y presa de su pasado conforme con el golpe de Ben Ali en 1987, la disidencia carece de una voz de prestigio que la encarne dentro y fuera del país. Sólo una joven personalidad anónima, el caricaturista Zeta, surgido hace dos años sin padrinos ni veleidades políticas, parece suscitar la ilusión por recuperar la dignidad perdida entre los demócratas de Túnez.

“Pido a todos los asistentes que reflexionen durante un minuto sobre la historia de Alaya Kouki. Este ingeniero de Teburba, leyó en enero las normas electorales que permiten a todo ciudadano tunecino presentarse a las elecciones presidenciales y se lo tomó al pie de la letra. Informó por carta al Presidente del Parlamento acerca de su intención de ser candidato y se echó a la carretera por todo Túnez en busca de los treinta avales de alcaldes o diputados necesarios para oficializar su candidatura. Al cabo de dos meses, fue detenido en un control policial e internado en un hospital psiquiátrico. Allí se le declaró ‘deficiente mental’. Cuando le soltaron, meses más tarde, el idealista Kouki era ya un individuo destrozado”. Quien habla es Sihem Bensedrine, la directora de la revista Kalima, censurada en Túnez como toda la prensa libre. Estamos en París. El salón de actos de la facultad de Sciences Po es un santuario del libertarismo estudiantil sesentayochista que se ha ofrecido a la disidencia política de Túnez para manifestarse en vano ante la opinión pública tunecina, una entelequia que no tiene interés ni medios para conocer alternativas a la figura del dictador Zine el Abidine Ben Ali.

Bensedrine ha sido acusada de venderse a Occidente y ha sido detenida varias veces por ejercer la crítica periodística al régimen de Ben Ali y su omnipotente mujer Leila. Cuando apela a la conciencia de los asistentes, estamos alcanzando el clímax de la jornada. Las cerca de 400 personas apiñadas en la bancada se agitan, nerviosas, a la espera del discurso del médico y escritor Moncef Marzouki, el más carismático de los líderes de la disidencia exiliada. A sus 64 años, Marzouki, jefe de filas del Congreso por la República, aún es el que levanta pasiones. Todos están listos para jalearle o abuchearle.

Una oposición perpetua a Ben Ali, el presidente crónico

“Nosotros no somos la oposición tunecina. Somos la resistencia, pues en una dictadura no hay oposición, sino resistencia”, se anima Marzouki. Subraya que Ben Ali y su partido, el RCD, controlan las 216 alcaldías del país, el 98% del parlamento y las 24 gobernaciones en que se divide este territorio de 10 millones de habitantes, cuya estructura social y económica los expertos comparan con el Portugal de hace 40 años.

Al igual que Rafael Alberti se sacó aquello del funeralísimo para referirse al generalísimo Francisco Franco en España, la disidencia al poder omnímodo de Ben Ali se refiere a él como “presidente crónico”, en vez de perpetuo, cual de una enfermedad se tratara. “Mi diagnóstico es que ninguna familia política abandona el poder por voluntad propia, así que la estrategia que propongo es el boicot a las elecciones del 25 de octubre”, prosigue el doctor Marzouki. Este hombre de apariencia hierática y discurso mesiánico acusa a las “potencias extranjeras” de apoyar al régimen de Ben Ali, entre ellas España y sus intereses económicos en la región. “Lo perverso en Túnez es que el régimen utiliza la democracia para legitimar la dictadura. Por eso, presentarse a las elecciones es participar en el decorado del régimen.” Marzouki, ha decidido no presentarse a las elecciones presidenciales. “Las dictaduras no se reforman, se abaten. Sobre todo las dictaduras mafiosas como la del clan Ben Ali”, concluye en una velada acusación de colaboracionismo dirigida a los partidos y líderes que participan o tratan de hacerlo en las elecciones.

La disidencia es una jaula de grillos

Por carismáticos que sean sus líderes, la oposición es incapaz de conectar con la sociedad tunecina y de unirse para provocar un cambio de régimen. “Ello se deba quizá a que está liderada por una generación de políticos de avanzada edad que en su día dieron por válido el golpe de Estado de Ben Ali en 1987”, explica Sana Ben Achour abogada urbanista y presidenta de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas. Toda una generación política que no protestó a su debido momento paga hoy la factura de su propio descrédito.

El único partido de la oposición con representación en el Parlamento –aunque insignificante- es el Ettajdid, un movimiento de ex comunistas moderados que, en boca de de su secretario general adjunto Samir Ettayeb, considera que “la oposición tunecina es pacifista y no debe apelar al boicot de las elecciones”. “Lo que hay que hacer”, en opinión de Ettayeb, “es presentar un programa radical de cambios”.

“El poder no sabe cambiar y la oposición es incapaz de cambiar las cosas. Esto sólo puede implosionar o explotar”, retoma Marzouki en una sala tronante, entre peticiones elevadas a gritos por parte de otros líderes para replicar a sus palabras.

Es el momento en el que,  Ahmed Nejib Chebbi, de 65 años y líder histórico del Partido Democrático Progresista (PDP, centro laicista), alcanza el micrófono. Su partido se ha retirado de la liza presidencial pero no de las elecciones legislativas y explica, con voz arenosa tras 8 horas de debates, su postura. “¡Resistir dentro del país significa oponerse! No acepto lecciones de un autoexiliado”, refiriéndose a Marzouki. “Yo reclamo el trabajo clandestino de los partidos políticos en Túnez. La política debe ser coherente y portadora  de la voz del pueblo, tender puentes hacia el pueblo. ¡Hacer lo contrario es dimitir de la política!”, exacerba Chebbi, cuyo PDP ha visto cómo sólo 9 de sus 26 listas presentadas a las elecciones legislativas han sido aceptadas por la autoridad. Ninguna en las grandes ciudades como Túnez capital o Sfax.

“Es la prueba de que el régimen ya ha precocinado los resultados del 25 de octubre”, apoya Moncef Ben Jaffar, veterano dirigente del socialdemócrata Foro Democrático por el Trabajo y la Libertad (FDTL). Ben Jaffar se había presentado a las elecciones presidenciales, pero su candidatura ha sido rechazada por “no presidir su partido desde hace al menos dos años”. Para Ben Jaffar, “en Túnez sólo existe una forma posible de resistencia y disidencia: estar en contacto con la gente de a pie, pues toda la estrategia del régimen de Ben Ali se concentra en separar y aislar a unos de otros”.

“Este tipo de encuentros se convierte a menudo en un muro de las lamentaciones”, comenta  Ben Jaffar en los corros que se forman al término de la jornada. Sana Ben Achour lo secunda: “Yo me declaro desesperada. La oposición es una jaula de grillos y no hay perspectivas reales de alternancia política en 2009. La verdadera cita electoral para la oposición son las elecciones municipales de 2010 o, más bien, las elecciones generales de 2014”.

Fernando Navarro Sordo
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